La primera jugada del presidente Gustavo Petro, luego de lo que pocos dudan en llamar “paliza” o “debacle”, no fue la publicación de un mapa electoral que solo existe en la mente del mandatario, donde cuentan como gobernaciones “de gobierno” a mandatarios que fueron elegidos derrotando a candidatos del Pacto Histórico, como sucedió en La Guajira, Huila o Boyacá. La primera movida fue convocar a esos gobernadores, incluidos aquellos que derrotaron al Pacto Histórico, a una reunión en la Casa de Nariño, con exclusión de todos los demás.
Evidentemente, la magnitud del desastre obligaba a colorear el mapa de una manera más digerible, para que el primer acto del presidente con los gobernadores, si quería limitarlos a los candidatos del gobierno, no terminara siendo del tamaño de una reunión de amigos alrededor de un café, que era para lo que daba el real triunfo del Pacto Histórico en las gobernaciones de Nariño y Amazonas que, ampliada, a Magdalena y Boyacá, daba para cuatro más el presidente.
Durante la campaña, el gobierno se dedicó a mandar el mensaje de las bondades de que los elegidos fueran del gusto presidencial, para “tener dos presupuestos”. El mensaje era perverso y en varias ciudades los potenciales electores discutían sobre la conveniencia de apoyar a un alcalde ajeno a la baraja del mandatario, porque habría dificultades en financiar proyectos que dependen de las transferencias del presupuesto nacional. Con los recursos propios y las regalías sencillamente no les alcanzaría.
El neto es que solo en Cali y Medellín el progresismo perdió el control de presupuestos por 12 billones de pesos y decenas de miles de puestos de trabajo y órdenes de prestación de servicios. Sin embargo, las grandes obras que demanda el país tienen que hacerse primordialmente en las regiones porque, aunque el país está altamente concentrado en los cinco núcleos urbanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que son las únicas ciudades con más de un millón de habitantes, ahí solo está el 30% de la población.
Colombia realmente es un mar de ciudades medianas y pequeñas, y de pueblos donde está el 70% de la gente. Si ninguna de las grandes ciudades capitales recogió el complejo mensaje de los dos presupuestos, y las gobernaciones solo marginalmente eligieron alcaldes del gobierno, lo que hizo el presidente citando a unos gobernadores a una reunión con exclusión de otros fue abrir la partida con un objetivo divisivo y discriminatorio que puede ser muy peligroso para el mismo progresismo, que en dos años y medio tiene que mostrar, por un lado, que fue capaz de realizar un plan de gobierno, de ejecutar un presupuesto y sacar adelante un plan de desarrollo. El gobierno tiene ya la plata de la reforma tributaria y seguramente gran parte de las herramientas derivadas de las leyes de reformas sectoriales, en cuya polémica se ha ido ya la tercera parte del cuatrenio.
El gobierno necesita presentar más gobernadores electos, como de su cuerda, para dirigir hacia sus regiones el otro presupuesto. Lo peligroso es que puede terminar segmentando más la división nacional ya profunda política y socialmente. Si en el Caribe dificulta la financiación del desarrollo del Atlántico y Córdoba, o en el Pacífico la de Valle, o en el centro la de Tolima y el oriente de la los dos Santanderes, no le quedará mucho por mostrar en 2026.
Pero el peligro es más extenso. La capacidad de interferencia del Ejecutivo en las administraciones locales ya la vimos con claridad en Bogotá. No ha sido positiva y no será positiva su réplica nacional.