En algún camino rural, un agricultor contempla su cosecha y calcula las pérdidas en un cuaderno curtido por la tierra. La vía que debía llevar sus productos al mercado volvió a derrumbarse. Sabe cuánto dinero perderá y que esa pérdida jamás aparecerá en un informe oficial. Para el Estado, el trabajo está terminado, hubo cinta, fotografía... para él, la carretera dejó de existir cuando ya no pudo transitarla.

De acuerdo con el Banco de la República, entre 2017 y 2024, los cierres de la Vía Panamericana por fenómenos naturales redujeron cerca de un 1 % el transporte de carga y elevaron en igual proporción su costo por kilo. Una factura que ni siquiera incluye los bloqueos por alteraciones del orden público, otra herida abierta en una arteria de la que depende buena parte de la economía regional.

Otro estudio del emisor, publicado en mayo, revisó los cierres de la ruta Bogotá-Villavicencio y demostró que cada bloqueo elevó el precio de los alimentos casi un dos por ciento en la capital y en el Oriente. Es la realidad del hogar que llega al mercado y paga el sobrecosto de un bulto de papa, ignorando que el precio se infló a cientos de kilómetros debido a un camino colapsado.

Esta paradoja debería inquietarnos, pero seguimos deslumbrados por las promesas de inversión mientras descuidamos lo que ya tenemos. Un estudio del BID de 2026 estima que el 46 % del gasto en infraestructura que América Latina necesita hasta 2030 deberá destinarse a mantenimiento y reposición, una cifra que obliga a repensar nuestras prioridades.

Como ha ocurrido en el matriarcado vallecaucano —por solo mencionar lo cercano—, persiste una injusticia casi metafísica. Acá se agotaron presupuestos con perfecta legalidad y se entregaron resultados mediocres, mientras en otros territorios recursos modestos han transformado comunidades gracias a la articulación entre la Nación, la región y el municipio, muchas veces impulsada desde el liderazgo local. La diferencia no está solo en cuánto se gasta, sino en lo que permanece, en las oportunidades que florecen y en los beneficios que siguen vivos mucho después de que se apagan los aplausos.

Los indicadores existen, pero falta voluntad para convertirlos en respuestas. ¿Cuánto de lo construido sigue funcionando y mejorando vidas? ¿Cuántos empleos anunciados sobreviven a la fotografía oficial? ¿Qué queda cuando el mandatario se marcha y el pueblo hereda el cascarón? Son preguntas que cualquier ciudadano entiende, pero que el establecimiento rara vez se hace. Y no todo se explica por corrupción: a veces el dinero no desaparece, simplemente se diluye entre la anorexia técnica y el cálculo político que encuentra más votos en cortar cintas que en impedir que lo erigido se caiga a pedazos -mi postura de siempre-.

A una distancia prudente de la reciente tragedia y tras tantas frustraciones, conviene reconocer que, además del dinero público, estamos perdiendo la confianza en que lo construido sirva para algo. Cada obra abandonada deja una deuda que la sociedad paga en oportunidades perdidas. De ahí la urgencia de volver años después, cuando las cámaras se hayan marchado y los discursos sean apenas un eco, con la obligación de corregir las fallas y exigir responsabilidades. La rendición de cuentas no puede terminar con la entrega de las llaves. Ahí debería comenzar.

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Claridades: A propósito del fondo, la patria y tantos milagros prometidos, Colombia necesita una ambición distinta, donde cada peso público haga al territorio menos dependiente del siguiente presupuesto y a sus comunidades más dueñas de su futuro. Menos épica de tarima y más inteligencia compartida, desde el barrio hasta las ‘estrellas’ del poder.