Colombia inauguró este 14 de octubre su embajada en Jerusalén, y el verbo importa: inauguró, pero también regresó. Cuando Bogotá estableció relaciones con Israel en 1957, su misión diplomática se instaló allí. Después vino Tel Aviv, como en casi todas las capitales del mundo, y en 2024 vino la ruptura: Gustavo Petro la ordenó el 2 de mayo y los embajadores salieron en junio. Lo que ocurre hoy, con el canciller Omar Bula Escobar y su homólogo Gideon Sa’ar como testigos, corrige un desvío más que inaugura una aventura.

Conviene medir lo que se perdió. Petro no solo cerró una puerta: sometió décadas de cooperación en seguridad, agricultura, agua y tecnología a una consigna. El tratado de libre comercio, vigente desde 2020 bajo Iván Duque, quedó sin la diplomacia que debía sostenerlo. Fue la crónica de una ruptura anunciada, y su costo no lo asumieron los discursos sino los sectores que dependían de esos vínculos.

Jerusalén añade un segundo nivel de lectura. Pocos países sostienen allí una embajada: Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y un puñado más. Colombia entra en ese grupo y declara dónde se ubica. El mensaje no se dirige solo a Israel. Se dirige a Washington, interlocutor decisivo en seguridad, comercio y lucha antinarcóticos, y a una región donde varios gobiernos de izquierda leerán este paso como un alineamiento.

El costo existe y conviene decirlo. Los votos en Naciones Unidas, los mercados árabes y la relación con quienes no reconocen la capital israelí exigirán manejo fino. Pero Colombia reconoció a Palestina en 2018 y ese reconocimiento no desaparece con una embajada. Una política seria puede defender la seguridad de Israel y condenar a Hamás sin renunciar a una solución negociada con los palestinos. La autonomía consiste en sostener principios sin convertir cada diferencia en ruptura.

La crítica que merecía Petro, someter la política exterior a la afinidad ideológica, valdría contra cualquiera que la practique al revés. Lo que distinguirá a este gobierno será el método: tratados, cifras y continuidad, no entusiasmos.

El otro acontecimiento del día pesa tanto como el primero. En el consulado colombiano de Ramat Gan, Bula se reunió con Elkana Bohbot, colombo-israelí secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y liberado tras 738 días, y le entregó su pasaporte colombiano, junto a las embajadoras Tania Gilinski y Vivian Aisen. Bohbot había recibido la ciudadanía en noviembre de 2023, ya en cautiverio. Petro llegó a presentar su eventual libertad como un homenaje a la solidaridad de Colombia con Palestina. Un ciudadano convertido en argumento: así se degrada la protección consular. Que hoy el Estado lo reciba con un documento en la mano marca la diferencia entre una causa y una responsabilidad.

Estuvieron también sobrevivientes colombianas de la masacre del festival Nova: Alejandra López y Laura Malo. Y, se recordó la memoria de las víctimas mortales, asesinadas por Hamas, los colombianos: Ivonne Rubio y Antonio Macías, de los que nunca hubo una mención por parte del anterior gobierno.

Su presencia recuerda lo que las consignas borran: el secuestro de civiles y el asesinato de inocentes no admiten contexto que los absuelva.

La prueba empieza ahora. Una embajada sin agenda es un edificio con bandera. Colombia debe convertirla en resultados: eliminación recíproca de visas, acuerdos en gestión del agua, agricultura de precisión y ciberseguridad, y una cancillería con memoria institucional. El riesgo real no está en Ramallah ni en Teherán. Está en Bogotá, en la próxima alternancia, cuando alguien decida que la política exterior vuelve a ser patrimonio de un partido.

Jerusalén fue el punto de partida de esta relación en 1957 y lo es otra vez. Que esta vez dure dependerá de que Colombia entienda que las alianzas se sostienen con constancia, no con fotografías.

@rosenthaaldavid