A pesar de que la Constitución Nacional mandata que Colombia es un país de regiones, en la vida real seguimos siendo un país centralista, donde el Gobierno Nacional, como el Congreso de la República, poco o nada hacen en favor de convertir a Colombia en un país de autonomías regionales.
Uno de los efectos negativos de ese centralismo lo vemos en el campo de la salud, donde en la actualidad tenemos, a nivel nacional, cerca de 1800 hospitales públicos y un poco más de cien clínicas privadas; más de 400 municipios sin ningún tipo de hospital público o privado y más de 12 millones de personas, entre ellos millones de niños y niñas, carentes de los más elementales servicios en materia de salud.
A lo anterior se agrega que varios hospitales públicos, incluyendo algunos en ciudades capitales, desde hace varios años están intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud con fines de mejoramiento y salvamento. Además, una buena parte de los hospitales públicos, en varias regiones, están afectados en su funcionamiento por prácticas politiqueras, corruptas o por acciones de los grupos armados ilegales.
Esa es la cruda realidad que deben encarar los nuevos gobernadores y alcaldes a partir del primero de enero, por lo cual no se pueden quedar esperando que irá a pasar con el proyecto de reforma a la salud que actualmente se tramita en el Congreso de la República que, de llegar a aprobarse definitivamente por el Senado, en el primer semestre del 2024, deberá esperar la sanción por parte de la Presidencia de la República y la revisión de la Corte Constitucional.
Siendo optimista y realista, si todo el proceso de trámite marcha bien, su implementación real se estará viendo a partir de enero de 2025. Mientras tanto, el Presidente, su Ministro de Salud, los alcaldes y gobernadores, de manera conjunta, tienen el deber constitucional de procurar, con las actuales leyes de la República y mandatos legales existentes en materia de salud, soluciones reales en favor de la población urbana y rural, sobre todo lo relacionado, con la cobertura, la prevención, atención y eficiencia, e igualmente con el control y vigilancia de los recursos económicos y humanos de la salud.
En ese propósito, es bueno anotar que existen los suficientes recursos económicos para la salud y que se debe procurar, por parte de las diversas instancias nacionales, regionales y locales del Estado, la colaboración de las universidades públicas y privadas con sus facultades de salud, de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, y sus clínicas, y los programas de responsabilidad social empresarial de las empresas instaladas en las diversas regiones de Colombia.
De otra parte, el Estado debería estudiar y valorar programas científicos, solidarios e innovadores como por ejemplo, el de la clínica privada Valle del Lili, con sus programas de apadrinamiento a hospitales y centros de salud en varios municipios del Valle del Cauca y Cauca. También, importantes experiencias del Hospital Universitario del Valle del Cauca, que es público y presta servicios médicos, con mucha eficiencia, para la población de bajos recursos de toda la región sur pacífico del país.
No olvidemos que cobertura, prevención, atención primaria, eficiencia, seguimiento y control a todos los programas y recursos en favor de la salud son los temas fundamentales para la población urbana y rural del país.