La impunidad de la cúpula de las disidencias de las Farc se ha consolidado por etapas. Algunos cabecillas blindaron su pasado criminal bajo los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Otros fingieron su muerte o aseguraron su libertad como ‘gestores de paz’ en el marco de beneficios otorgados por el gobierno sin mecanismos reales de verificación.
Con persistente obstinación, se han mantenido mesas de Paz Total con 22 estructuras criminales. Esta política ha costado más de $70.000 millones y cerca de $320.000 millones si se incluyen todos los contratos de logística. Es decir, el equivalente a doce veces el valor del dragado del Puerto de Buenaventura. Sentados en mesas de diálogo, 12 grupos narcoterroristas crecieron un 27 %, reclutando cerca de 500 nuevos integrantes al mes. La violencia ha incrementado el número total de homicidios en 7,6 %, el desplazamiento forzado en 85 %, los ataques a la fuerza pública en 300 % y los ataques contra figuras políticas en 71 %, incluyendo el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe.
A las preocupantes cifras se suma la evidencia de la Fiscalía Nacional de que ‘gestores de paz’ de las disidencias de las Farc habrían cometido ‘graves delitos’ que no solo incluyen homicidios por encargo y vínculos criminales con altos funcionarios del Estado para traficar armas, sino que su infiltración compromete a largo plazo la seguridad de las operaciones militares, la reserva de la información de inteligencia y la capacidad misma del Estado para enfrentar estructuras criminales organizadas.
Diversas fuentes, que incluyen actores con conocimiento directo de los procesos en terreno, han señalado que algunos de los denominados ‘gestores de paz’ presuntamente habrían pagado su ingreso al proceso con lingotes de oro. De confirmarse, estos hechos no solo evidenciarían fallas en la ejecución de la Paz Total, sino un esquema de impunidad negociada.
Pero la dimensión internacional es más compleja. En los corredores fronterizos estratégicos entre Nariño y Putumayo, con proyección hacia Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Puerto Bolívar, las disidencias de las Farc tienen alianzas con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos. Capturados recientemente, sus cabecillas alias ‘Pipo’ y ‘Lobo Menor’ han sido señalados —junto con actores políticos vinculados al correísmo— como presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La ejecución operativa fue delegada a las disidencias de las Farc operadas desde Cali mediante alias ‘Gordo Luis’. Tras ejecutar el magnicidio, seis sicarios fueron detenidos y, posteriormente, cinco de ellos fueron asesinados en prisión.
Negociar ambigüedades con las disidencias de las Farc ya no es una apuesta política, sino un riesgo estratégico. Cuando la Paz Total se percibe como concesión a estructuras criminales con capacidad de interferir en procesos políticos, la comunidad internacional deja de esperar resultados y empieza a contemplar intervenciones.
No se trata de una hipótesis abstracta. Tras varios años fuera, Colombia ha vuelto este año a figurar entre los diez países más afectados por el terrorismo. Una señal inequívoca del deterioro de las condiciones de seguridad. Esa lista incluye países como Burkina Faso, Pakistán, Siria, Mali, Níger, Nigeria, Somalia, Irak, y Afganistán. En todos estos países, la pérdida de control estatal justificó bombardeos y operaciones militares extranjeras contra grupos terroristas locales. Ese es el desenlace cuando la soberanía se debilita. Colombia está en esa antesala. La decisión es simple: o recupera el control, o acepta que otros lo hagan por ella.