Hace más de tres años, el profesor Francisco Gutiérrez Sanín interrogó si estábamos entrando en un nuevo ciclo de guerra en Colombia (Debate 2020), después de La Violencia de los años 50′s y de la guerra contra-insurgente que llegó hasta 2016. El nuevo ciclo, con características distintas, es una guerra más criminal, organizada aunque de manera granulada, con presencia rural y urbana. No es una guerra subversiva y revolucionaria contra el Estado, en el sentido clásico. Está agenciada por organizaciones criminales que buscan dominio territorial para asegurar rentas, poder político tradicional y reconocimiento social, sin cambiar el sistema socioeconómico.

A este conflicto tan complejo se articulan visiones y concepciones políticas altamente polarizadas sobre lo que está sucediendo en el país. Por un lado, hay una visión que se aferra al poder socio-económico tradicional que le atribuye al Gobierno de Petro los males por los que atraviesa la nación hoy: desaceleración económica, falta de gobernabilidad, inseguridad en aumento, propiedad privada en peligro. Es una visión que ve en el gobierno el fantasma del comunismo que ha llegado al poder. Por otro lado, están quienes apoyan ‘el cambio’ propuesto por Petro que se refiere a transformaciones aplazadas y urgentes en diversos campos. Se proponen mejorar la distribución del ingreso, la inclusión y la representación social, todo ello dentro de la institucionalidad estatal y sin apelar a una revolución comunista, pero, de manera errada en mi opinión, se oponen a todo lo que se parezca a crecimiento económico, agenciado por empresarios legales. Ambas visiones pueden tener su validez, como opciones políticas, pero en manos de la polarización mediática que vivimos se ha pasado a una confrontación peligrosa de ‘buenos y malos’ que una vez más, desde cualquier lado, puede promover la vía armada y la guerra. Esta posibilidad real, dado el militarismo de la izquierda y de la derecha, debe confrontarse para consolidar una visión que se ha venido concretando pausadamente en Colombia: muchos sectores de la sociedad sí están llegando a la reconciliación y hay luces de esperanza para que podamos pasar a una sociedad donde predomine la política y no la guerra.

Algo logró Álvaro Uribe con la ley de Justicia y Paz y la desmovilización parcial de los para-militares. Mucho logró Juan Manuel Santos con el Acuerdo de la Habana y la desmovilización parcial de las Farc. En medio de dificultades de gobernabilidad, se debe apoyar un Acuerdo entre el gobierno y el Eln, oportunidad histórica única que tiene esta guerrilla. También, en este gobierno, dentro de su concepción de Paz Total, algo se puede lograr en el sometimiento a la Justicia de grupos criminales.

Seguramente hay sectores sociales que aún hoy defienden opciones militaristas, pero lo que domina progresivamente es la búsqueda concreta de la Paz en los territorios. Después de un año de haberse presentado el informe de la Comisión de la Verdad, cuando se escucha el impacto que ha tenido su difusión en las comunidades, hay que creer en un proceso lento, pero efectivo de reconciliación. Igualmente, al tener en cuenta las audiencias que en la JEP reúnen a víctimas con victimarios y reviven la comunicación entre ellos. A la intelectualidad, de izquierda y de derecha, nos corresponde contribuir a ‘repensarnos como nación’, como lo propone el historiador y exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, Gonzalo Sánchez, en una notable entrevista en el Espectador. Se debe abrigar la esperanza de un país mejor, de que la reconciliación dé lugar en el futuro, a que las discrepancias de opinión se diriman en el juego político-democrático del gobierno y la oposición, modalidad que apenas inauguramos.