Francamente desilusiona que el Presidente Santos este malogrando la oportunidad de promover las reformas estructurales que con urgencia requiere Colombia. De nada le ha servido haber sido elegido por abrumadora mayoría y contar con una obsecuente en el Congreso. Su vanidad sensible a la aprobación general, propia de diplomático en territorio extranjero y no de un estadista firme y leal a sus convicciones e ideales, frecuentemente lo induce a vender por nada la derrota. Así lo demuestra su claudicación en el empeño de sacar adelante una reforma que resuelva los males y desmanes que agobian la justicia. A diferencia del talante frontal de su mentor y causante de su elección, Santos, por dolerse fácil a la reprobación, negocia todo. Ahora negocio una reforma que de aprobarse, deformará más la administración de justicia y agudizará sus inveterados problemas.Sin rubor se plegó al querer de las Cortes, desestimando los prolijos estudios, y recomendaciones que se formularon para que la reforma restituyera el imperio a la justicia y su debida administración. Prefirió halagar a unos magistrados que anteponen sus intereses a los de la nación, que provocarles disgusto o reproche.El proyecto en trámite es un adefesio amorfo, carente técnica jurídica y racionalidad funcional. Excluye el principio de precedencia que obliga a los juzgadores a observar y mantener la jurisprudencia antecedente aplicable a situaciones iguales o similares; precepto que acabaría con la arrogancia abusiva de algunos jueces que hacen de su interpretación la norma misma. No son pocos los procesos en que las más importantes actuaciones se surten frente a las ocurrencias procesales de los jueces y no frente a la causa o la parte en contienda. En esta peligrosa discrecionalidad interpretativa es que generalmente aflora la corrupción. Es inexcusable que el proyecto no acabe con la jurisdicción del Consejo Superior de la Judicatura y que esta institución bajo una nueva estructura funcional solamente se ocupe de manejar los asuntos administrativos de la justicia. Es inconcebible mantener un ente tan cuestionado en su capacidad y eficacia. Para evidenciar la ineptitud de esta espesa burocracia, baste revisar en lo judicial el cúmulo de fallos arrevesados que ha proferido, y en lo administrativo el estado del Palacio de Justicia de Cali.Causa indignación, que por no contrariar a las Cortes, el proyecto no haya desterrado la acción de tutela contra sentencias, lo que alienta la anarquía judicial y desnaturaliza la jerarquía orgánica. Es francamente una burla al trámite solemne de un proceso y a su ceremonial probatorio, que al final una sentencia sea desconocida por un juez intruso. En cuanto a la creación de una segunda instancia en el juzgamiento de los congresistas, el procedimiento que contempla la reforma es un autentico desvarío jurídico; y para afrontar el hacinamiento judicial, la reforma apela a un peligroso repentismo que por ser una proverbial desinteligencia legal no merece cometario alguno. El Presidente pretende hacer de sus fracasos, triunfos, y sigue dedicado a conseguir sus nuevos mejores amigos. Ahora incluyó en la lista a los magistrados de las Cortes. Su docilidad frente a las cortes contrasta con su terquedad y dureza frente a los estudiantes. COLOFÓN. Por el bien del país, las reformas a la justicia y la educación las debe hundir el Congreso.