La difícil situación del orden público en el país representa un potencial riesgo para la jornada electoral de octubre y para el cumplimiento de los derechos democráticos de los habitantes de todo el territorio de Colombia. Ante las presiones de diferentes grupos armados y los ataques contra la fuerza pública, el gobierno nacional debe reaccionar con contundencia y autoridad, y garantizar todas las condiciones para la jornada electoral.

A dos meses de las elecciones territoriales de octubre, enfrentar las amenazas y las presiones de los grupos ilegales en diferentes regiones del país debe ser la principal preocupación del gobierno y de las diferentes instituciones encargadas de todas las labores de logística, seguridad y verificación de las elecciones locales. La celebración de elecciones en paz en diferentes regiones del país fue un logro notable del proceso de paz que ayudó de manera determinante a fortalecer el ejercicio de la democracia en Colombia. Es un logro que el país entero evidenció a lo largo de esta década y que no puede ser desprotegido ni olvidado.

El temor a los ataques de los grupos ilegales y las estructuras armadas, así como eventuales presiones a favor y en contra de diferentes sectores políticos, representa un preocupante interrogante para la jornada electoral, así como también para la previa temporada de campaña. En muchos municipios de departamentos como Cauca, Chocó, Norte de Santander y Arauca, en medio de la arremetida de los grupos ilegales, las amenazas y ataques son una realidad que no puede ser desconocida ni ignorada. Por eso, el gobierno nacional debe, para empezar, exigir a todos los grupos ilegales con los que actualmente adelanta conversaciones de paz que respeten la jornada electoral y los derechos de todos los ciudadanos que participen en ella.

El mensaje institucional debe ser de unidad y de coordinación en las labores de cada una de las instituciones estatales con funciones electorales. El mensaje que es enviado con la coordinación y articulación entre las entidades estatales y la fuerza pública es mucho más contundente que la imagen de permanentes peleas entre el Presidente, el Fiscal, la Procuradora, etcétera. A la hora de proteger una jornada electoral, es clave que todas las entidades encargadas demuestren estar conectadas y en total sincronía. Pocos celebran más la actual falta de coordinación estatal que los violentos y los grupos ilegales.

También debe ser dicho que el gobierno y la oposición juegan con candela al profundizar la tensión política del momento. Sí: es jugar con fuego que en plena época electoral desde los dos bandos sigan siendo convocadas jornadas de protesta que pueden profundizar la división y el tenso ambiente que enfrenta el país. Con una dosis de sensatez, los líderes del gobierno y la oposición deben saber que ante la hora determinante que llegará en octubre, es tiempo de desescalar el lenguaje y de no caer en la profundización de la tensión en las calles.

A estas alturas la principal prioridad del gobierno, los partidos políticos y todas las instituciones con tareas electorales debe ser que las elecciones de este año tengan lugar sin ningún contratiempo ni cuestionamientos de índole alguna. La negociación en el marco de la ‘paz total’ que promueve el gobierno debe, definitivamente, exigir a todos los grupos ilegales interesados en negociar con el Estado que el respeto por la jornada electoral sea absoluto.