Un rasgo notable de la actual coyuntura electoral por la Presidencia y por el Congreso es que sobresale el número desbordado de candidaturas, con una escasa identificación programática y en medio de un debate político muy pobre. Esto tiene seguramente varias explicaciones, pero me aventuro a plantear una conexión con dos factores: por un lado, que ha sido difícil institucionalizar un modelo estatal de gobierno y oposición partidista, después de la Constitución del 91 y con posterioridad a la entrega de armas de varios grupos guerrilleros y especialmente después de los acuerdos de paz de La Habana. Por otro lado, el conflicto social, tan importante para el análisis de la sociedad colombiana, ha cambiado su naturaleza y predomina la lucha de grupos armados ilegales por el control del Estado en territorios urbanos y rurales, en los que hay una ciudadanía que no tiene una adscripción política clara.
Una cosa es enfrentarse al Estado, de manera armada, para subvertirlo y cambiarlo radicalmente. Históricamente, esta alternativa ha fracasado, ha causado muchos daños a la sociedad y es bienvenido que varios grupos hayan optado por dejar las armas y entrar a la política. Pero estos grupos no necesariamente han pasado por el proceso de concebirse y actuar como oposición política y de sostener, a futuro y claramente, ideologías programáticas críticas de las armas. En otras palabras, dentro de los grupos desmovilizados, aún existen justificaciones a la vía armada, impregnadas de animadversión hacia los grupos que tradicionalmente han detentado el poder. Difícilmente prosperan en estos grupos los programas civilistas para el futuro y se dificultan así las alianzas políticas con otros sectores sociales.
Pero, por otro lado, si bien se superó una forma de conflicto social, se ha difundido otro, más interactivo y graneado a lo largo y ancho de la sociedad, agenciado por el crimen organizado, no solamente articulado al narcotráfico, que busca legitimarse localmente y acceder al poder político y a las rentas del Estado. Lo viene haciendo hace varios lustros y promueve candidaturas altamente personalizadas y de un alcance programático muy reducido. El crimen organizado tiene apoyo en agentes económicos que se mueven en economías legales e ilegales.
En este contexto, aparece una argumentación polarizada alrededor del tema de la seguridad. Los candidatos más notables de la ‘derecha’ argumentan que el crimen está por fuera de sus redes y que está anclado en el opositor. Lo que se requiere es ‘mano dura’ contra el crimen organizado. La estrategia implica fortalecer la presencia, autoridad y acción de las Fuerzas Armadas en el territorio. Los candidatos de la ‘izquierda’ son más cautelosos con el uso de la represión armada estatal y parecen sostener que es posible promover procesos de conversión de la criminalidad en una ciudadanía desarmada. El proceso de Paz Total del gobierno Petro puede ser un ejemplo, pero también sirve para mostrar que el crimen organizado no necesariamente está interesado en dejar las armas y las fuentes lucrativas de economía ilegal.
No queda clara la diferencia programática de fondo de los candidatos presidenciales. Todos indican que quieren ‘el cambio’, pero ¿en qué sentido? No solamente se trata de promover la represión armada al crimen, o la transición pacífica de la entrega de armas. Son pocos los candidatos presidenciales que han insistido en temas programáticos. Entre ellos, Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo. Este último, ensimismado como vector positivo, no parece aceptar que se necesita una apertura política hacia candidatos que representan una ciudadanía que requiere ser cautivada por las ideas de cambio de fondo, pero con orden institucional y sin miedo.