Entre los dichos de la sabiduría popular viene a propósito de recientes investigaciones, la célebre expresión “todo cae por su propio peso”. Significa que algo se viene abajo por su misma naturaleza sin necesidad de forzarlo, cual fruta madura, tal y como lo presenciamos día a día, cada vez que terminan revelándose las mentiras y los actos solapados del pasado gobierno.

La realidad del gobierno de Gustavo Petro, en toda su dimensión, no salió a la luz gracias a fuerzas externas, sino por la gravedad y alcance de los desmadres, desvíos y escándalos en torno al mandatario, hoy presidente del Pacto Histórico, al punto que ellos mismos se hicieron notorios y son objetivo del periodismo investigativo. Fueron cuatro años en que los organismos de control se limitaron a ver pasar un sinnúmero de inquietantes actuaciones del Ejecutivo prevalido de los medios y recursos de su cargo, por lo que nos deben sus investigaciones.

La inevitabilidad de las consecuencias de los actos del mandatario, se tradujeron, entre otros, en déficit fiscal, inseguridad, corrupción, destrucción del sistema de salud, estigmatización de sectores, profesiones o personas. Y mientras maleantes aprovechaban beneficios y tratativas ofrecidas durante ese gobierno, se entregó a antiguos integrantes del M19, la administración de organismos de inteligencia, entre ellos la Dirección Nacional de Investigación (DNI), con lo que se avizoraba intereses ocultos. Según investigación de noticias Caracol, la DNI se proponía entre otras irregularidades, adelantar labores de espionaje, incluso a expresidentes, e interferir en las elecciones.

En un acto sin precedentes e ilegal, la DNI solicitó a la Registraduría copia del censo electoral, es decir, la base de datos de 41 millones de ciudadanos (nombre, cédula, edad, género y lugar de votación), por lo que con razón se la negó. A su vez, la Presidencia alertaba sobre la seguridad electoral y peligro de fraude, lo que habría sido una estrategia para desviar la atención, pues era allí precisamente, donde estaría la intención de acceder al sistema de la Registraduría y al resultado electoral, mediante la vinculación de un hacker al DNI para tal misión, que además tenía una orden de captura. Tanto interés tuvo el presidente en ello, que exigía el código fuente, pero la Registraduría no lo entregó por el riesgo que representaba. De acuerdo con la Corte Constitucional, el acceso a información pública se limita legalmente cuando se afecta el derecho de toda persona a la intimidad y secreto profesional, o cuando pueda generar daño a un interés público o general.

Con los hechos divulgados se configuraría el más grave atentado contra la seguridad nacional, la ciudadanía y la democracia, con la consiguiente responsabilidad jurídica y política del presidente de entonces, por sus propios actos y porque la DNI depende de él. Por menos, en el escándalo del Watergate, cayó un presidente en los EE.UU. Por lo pronto, el Consejo de Estado amparó el derecho al buen nombre y a la honra del Registrador Hernán Penagos y de la Registraduría, ante la falacia de Petro de un supuesto fraude electoral, ordenándole abstenerse de acusar sin pruebas.

Al final, la realidad pone las cosas en su lugar y las mentiras y los engaños no se sostienen por siempre, pesan y con el tiempo caen. Solo los necios no la verán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.