Hace casi 40 años, una Comisión de Académicos presentó al Gobierno de Virgilio Barco el informe “Colombia: Violencia y Democracia”, coordinada por el profesor Gonzalo Sánchez (Universidad Nacional de Colombia, 1987). Una de sus recomendaciones fue: “El Gobierno debe proceder a prohibir el porte de armas para todos los civiles, sin excepción. La industria militar debe limitar su producción exclusivamente a armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas”. El país pasaba entonces por un momento crítico de narcotráfico, violencia mafiosa, sicariato, diversas guerrillas, atentados contra miembros de la U.P., en fin, una miríada de violencias varias de ellas de origen urbano. La afirmación de la Comisión según la cual, las violencias de la calle podían superar las del monte se prestó para la polémica, en la opinión nacional de izquierda y de derecha. Pero, lo intrigante es que la recomendación sobre el porte de armas no tuvo el alcance requerido entre las autoridades, ni entre la sociedad civil. Los gobiernos, desde entonces, han promovido políticas ambiguas, controlando el porte de armas en manos de civiles y promoviendo el uso de salvoconductos. Tuvimos así un progreso muy lento en la ruta hacia la civilidad que acaba de echarse injustificadamente para atrás con la política del gobierno de Abelardo De la Espriella que facilita de nuevo el acceso a las armas por los civiles.

Un primer hecho que impacta es la proliferación de armas ‘ilegales’ en manos de civiles a lo largo y ancho del país, en territorios urbanos y rurales. La revista ‘Criminalidad’ de la Policía Nacional tiene las cifras, año por año, de las armas incautadas que reflejan un mercado negro de enorme magnitud. ¿Por qué no se procede con mayor vehemencia a incautar este tipo de armas ‘ilegales’ y controlar su mercado? ¿De dónde provienen estas armas, quién las usa y, una vez incautadas, qué se hace con ellas? Son interrogantes sobre el papel que juega el mercado negro de las armas en la sociedad colombiana.

Pero, por otro lado, asistimos hoy a una política que favorece legalmente el porte de armas por civiles. En el fondo, hay un reconocimiento tácito de que las Fuerzas Armadas del Estado no pueden cumplir con su función constitucional de proveer seguridad. No se promueve el monopolio estatal de las armas. Correlativamente, hay un reconocimiento gubernamental de que debe apoyarse en los civiles armados, muchos de los cuales consideran que está en sus manos defenderse de la criminalidad. La política de seguridad del presidente termina aceptando la incapacidad de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad ciudadana y la hace descansar en los ciudadanos ‘de bien’ que se pueden armar legalmente y autodefenderse. ¿Pero quiénes son estos ciudadanos? Un tema central por investigar es la legitimidad de la Fuerza Pública y de la Policía. En la ruta hacia la civilidad, afortunadamente hay ciudadanos que están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas tengan el monopolio de las armas. Desgraciadamente, también hay ciudadanos que buscan armarse para defenderse por cuenta propia. La política gubernamental apoya a estos últimos. Entre ellos, existe la convicción de que pueden terminar con la vida de otra persona, que puede ser o no un criminal, por encima de la intervención estatal. Aquí hay un tema de fondo en la violencia colombiana: la convicción de que individuos o grupos particulares tienen licencia para definir la existencia y la vida de otros. Cierto, la criminalidad es muy significativa en el país, pero cómo tratarla con una política social adecuada es un tema que queda abierto, si buscamos avanzar hacia la civilidad.

N.B. La Paz Querida de Cali organiza la conferencia del profesor Gonzalo Sánchez: “Las Batallas por el Relato Nacional”. Lunes 28 de septiembre, Cinemateca La Tertulia: 6:00-8:00 p.m.. Todos invitados.