Santiago de Cali, la ciudad en la que hasta el 1 de noviembre mataron a 805 personas, se denunciaron 4.177 casos de lesiones personales, hubo 951 delitos sexuales, asaltaron a 18.491 personas, se robaron 2.272 motos y 1.316 carros de enero a octubre, piensa reducir la bobadita de 23% a su presupuesto de seguridad para el 2023.

Cali, la que espera cerrar el año con menos de mil muertos, cifra que sería ‘histórica’ así mueran 980 o 995, porque está acostumbrada a sumar tantas y tantas muertes que no llegar a los mil es una ‘victoria’, pasará de invertir $84.000 millones en 2022 a $64.000 millones en 2023. La ‘bicoca’ de $20.000 millones menos.

Esta misma ciudad, en la que andar con celular en la calle es un desafío (este año se han robado 11.967), en la que hay que dejar la casa con doble seguro (1.088 hurtos a residencias) y el negocio bien vigilado (1.911 hurtos a comercio), pretende enfrentar sus enormes desafíos de seguridad recortándole a su escaso presupuesto, porque hay que empezar a pagar la platica del empréstito, $222.000 millones en 2023, que hizo este Gobierno para financiar obras.

Así de grave está la cosa. El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, pidió $187.000 millones para el 2023, pero no le van a dar ni la tercera parte. Y hay otras dependencias vitales como Infraestructura (la plata para tapar los huecos), Cultura (habrá menos eventos y oportunidades), Vivienda y el Dagma a las que también les recortan. Dice el Secretario de Seguridad que esperan conseguir recursos por otro lado, pero eso va a estar bien difícil, no nos digamos mentiras.

No hay necesidad más sentida en la ‘Sucursal del Cielo’ que la seguridad. Pero con todo y eso sigue siendo la eterna cenicienta de esta Cali desenfrenada, de caravanas y furia, a la que, insisto, urgimos devolverle el alma. Si bien, hay que reconocer que varios delitos han reducido en 2022, comparados con el volcánico 2021, no estamos para echar voladores al aire, y más cuando carecemos de recursos para cuidarla.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso, absolutamente necesarias. El presupuesto de seguridad para Medellín del 2022 fue de $200.000 millones. El de Bogotá, mucho más grande, claro está, de $618.000 millones. El de Cali, $84.000 millones. La capital del Valle tiene 6.500 policías que se reparten en 3 turnos y de los cuales un alto porcentaje son bachilleres. Los policías que vigilan a Medellín son cerca de siete mil, y los de Bogotá, 17.820.

En Medellín, hasta el 16 de octubre, se registraron 301 asesinatos. Y Bogotá, una ciudad que triplica en población a Cali, sumó 743 homicidios, entre enero y octubre. Cali, en tanto, llegó a los 805.

¿Cómo entonces pensar que se puede bajar el presupuesto de seguridad, en una ciudad que no la tiene? ¿Por qué resignarse a que es suficiente con llegar a menos de mil muertos en 2022 para cantar victoria? ¿Hasta cuándo insistir en comparar las cifras con las de años en que el narcotráfico hacía de las suyas, o con las del año pasado, donde estallaron todas las estadísticas, para sacar pecho y decir que las cosas van mejor?

Sí, salvar una sola vida debe aliviarnos, mucho más en esta ciudad donde la misma vale tan poco y donde hay barrios que claman por intervención inmediata: Comuneros I, con 26 homicidios; Los Chorros, con 19 casos, y Alto Jordán, con 16. Sobre todo, como dicen los expertos, cuando el contrato social que rige todas las normas de control, respeto y orden, se rompió y nos ha costado tanto reconstruirlo. Es desafortunado pensar reducirle un solo peso al presupuesto de seguridad, cuando lo que se necesita es triplicarlo. Ojalá haya sabiduría e ingenio para revertir esta crítica decisión

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