Cada vez que una mujer denuncia una agresión sexual, aparece, casi como un reflejo, una frase defensiva: “No todos somos así”. ¡Claro que no! pero esa nunca ha sido la raíz del problema. La pregunta real es qué hacemos los demás frente a los hombres que sí lo son; qué hacen sus amigos, sus familias, sus compañeros y sus instituciones cuando el abuso ocurre cerca; qué hacemos cuando sabemos, sospechamos o vemos algo y resulta más fácil mirar hacia otro lado.
El caso de Cornell University volvió a poner este dilema sobre la mesa. En 2024, una estudiante denunció haber sido drogada y violada en grupo dentro de la fraternidad Chi Phi. Aunque en su momento no hubo respuestas contundentes, hoy una demanda civil señala directamente a Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno ha sido condenado penalmente y la Fiscalía acaba de reabrir el caso para llevarlo ante un gran jurado. Sin embargo, más allá del ámbito judicial, la respuesta institucional dejó un contraste alarmante: mientras los señalados recibieron sanciones tan livianas como escribir ensayos académicos, la víctima terminó abandonando la universidad. Cuando el castigo ante una agresión sexual parece una simple tarea escolar, la justicia institucional queda reducida a un trámite superficial.
Esa permisividad no es exclusiva de una fraternidad estadounidense; responde a una dinámica global donde el silencio colectivo opera como escudo. En España, por ejemplo, la indignación social tras la agresión sexual cometida por los cinco de ‘La Manada’ desnudó esa misma complicidad grupal y terminó forzando una reforma legal profunda sobre el consentimiento. Años antes, en Steubenville (Ohio), la agresión sexual cometida por dos estrellas del equipo de fútbol local demostró hasta dónde puede llegar el pacto de silencio. Mientras las imágenes del abuso circulaban en teléfonos de compañeros, directivos escolares y autoridades locales intentaron alterar las evidencias. Solo la intervención de ciberactivistas que filtraron los videos logró romper el blindaje y llevar el caso a una condena.
En Colombia, el historial judicial también registra antecedentes preocupantes. El caso de la discoteca Tokio, en el norte de Bogotá, donde la Fiscalía procesó a empleados por agresiones sexuales cometidas tras el cierre del establecimiento, dejando encerrada a la víctima, expuso una vulnerabilidad conocida y es la absoluta desprotección de las mujeres cuando las personas del entorno deciden callar o ser cómplices por omisión.
Según datos de Medicina Legal, el 94 % de las víctimas de violencia sexual en 2025 conocían a su agresor. Esto significa que el peligro casi nunca es un desconocido que surge de las sombras; está en alguien cercano, en el amigo, el compañero de trabajo, el familiar o el conocido con quien se comparte una fiesta, una casa o una mesa.
La agresión física puede ocurrir en una habitación, pero para que después prevalezcan el silencio y la impunidad se necesita todo un entorno permisivo. Ahí es donde radica la responsabilidad del resto de los hombres: en el amigo que sabe y calla, en el que escucha el relato y se ríe, en el que minimiza el hecho porque “ella había tomado”, o en las instituciones que priorizan su prestigio sobre la víctima.
Decir “yo no soy así” es la salida fácil. Lo difícil es intervenir, cuestionar al amigo, frenar la situación antes de que cruce la línea y entender que el silencio también protege al agresor. Por eso, ante la próxima denuncia, quizás deberíamos dejar la prisa por desmarcarnos con una frase hecha y empezar a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer si tenemos la oportunidad de actuar.
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