En julio de 2025 entró en operación en El Carmelo, Candelaria, el primer radar 3D de uso civil del país, con una inversión de 41.400 millones de pesos. Catorce meses después, drones cargados con explosivos lo atacaron. En ese mismo lapso, el Congreso sancionó la Ley 2575 de 2026, que establece el Día Nacional del Bizcocho de Achira, y avanzó en declarar la arepa como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
Esa secuencia revela cómo el Estado distribuye su atención estratégica y sus prioridades. Colombia inaugura obras como símbolos de progreso, pero pocas veces se pregunta qué sucedería si mañana dejaran de funcionar. Un ataque contra la red eléctrica puede paralizar hospitales, uno contra un puerto puede comprometer el abastecimiento civil y militar, y otro contra las telecomunicaciones puede alterar el funcionamiento del Estado e interrumpir la comunicación entre quienes atienden las emergencias. Los grupos armados siempre supieron dónde golpear, pero hoy pueden hacerlo a bajo costo y desde kilómetros de distancia.
El radar de El Carmelo no fue el primer objetivo. En abril, explosivos lanzados desde drones dejaron fuera de servicio el radar de Santana, en El Tambo, Cauca, clave para el control aéreo del suroccidente. La infraestructura vial también se ha convertido en blanco. En octubre circuló un video atribuido a alias Marlon, cabecilla disidente al que el Gobierno anterior dio por muerto en junio, en el que declara objetivo militar a los peajes que no reduzcan sus tarifas a la mitad. Con esa exigencia, el grupo armado busca presentarse como defensor del ciudadano frente al Estado. Desde entonces, una motobomba paralizó la Panamericana en El Bordo, y el peaje de Mondomo, que aún no ha entrado en funcionamiento, ya ha sido atacado tres veces.
Colombia dispone del Decreto 338 de 2022, de metodologías de ColCERT para identificar infraestructuras críticas cibernéticas y de un escudo antidrones anunciado por el Gobierno anterior que, según el actual Ministerio de Defensa, nunca se estructuró. El problema no es la ausencia de normas, sino determinar si esas disposiciones se traducen en capacidades efectivas de protección, algo que solo puede verificarse cuando se ponen a prueba.
En términos operativos, proteger la infraestructura crítica exige identificar sus puntos de falla antes que el adversario. Los países más preparados lo hacen mediante ejercicios periódicos en los que un equipo rojo asume el papel del atacante y busca la forma más económica de interrumpir el servicio, un equipo azul de operadores y autoridades debe detectar el ataque y restablecer la operación, y un equipo gris representa a proveedores, transportadores, comunidades y medios, cuyas reacciones pueden agravar o mitigar la crisis. En Buenaventura, por donde circula más de la cuarta parte de la carga contenerizada del país, un ejercicio así revelaría si la energía de respaldo, las comunicaciones entre autoridades y los repuestos críticos resistirían un ataque con drones.
El Congreso debe afinar sus prioridades. Dieciocho días después del ataque al radar de Santana, la Comisión Sexta de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de la arepa. Seis días más tarde se sancionó la ley de la achira, que autoriza recursos públicos para celebrarla. Preservar la cultura colombiana es legítimo. Sin embargo, si la protección de la infraestructura corresponde al Ejecutivo, exigir resultados corresponde al Congreso, que debería verificar que los operadores de servicios esenciales realicen estos ejercicios y corrijan las fallas encontradas. Cuando el Congreso legisla con más diligencia sobre un bizcocho que sobre un radar, la desproporción deja de ser anecdótica y se convierte en un asunto de seguridad nacional.
Una Nación no demuestra su fortaleza por las obras que inaugura, por las leyes que proclama ni por los días que decreta, sino por su capacidad de proteger aquello de lo que depende su supervivencia, aun cuando la miopía le impida verlo.