A riesgo de ser repetitiva, hoy siento la necesidad de hablar nuevamente del sistema de transporte masivo y de la movilidad de Cali. Aunque en los últimos días en algunas estaciones aparentemente empiezan a verse ciertas reparaciones, lo que es cierto es que una buena parte de ellas siguen en las mismas condiciones en las que estaban en junio. Lo mismo pasa con los semáforos y la movilidad en general. Cada día es más evidente que el transporte ilegal se toma las calles y el transporte público colectivo circula por donde no debería.

Mi ánimo siempre es y será constructivo, pero esta situación debe parar ya. La movilidad de calidad es un derecho de los ciudadanos, sin ella no se puede acceder a muchos otros derechos como el de la educación, la salud y el trabajo. Por esto, no estoy de acuerdo con quienes plantean que los recursos que se invierten en la operación del sistema son recursos “para los operadores”. Todos los recursos que se invierten en el MÍO, sean de operación o inversión, son para los ciudadanos. En efecto, la mejora en la accesibilidad y calidad del transporte público genera menores tiempos de desplazamiento para los ciudadanos y promueve ciudades más sostenibles y resilientes. Por tanto, es un error poner en duda el valor social y ambiental de los esfuerzos en recursos para la operación del MÍO. Más aún cuando han surgido alternativas para hacerlo con la concurrencia del nivel nacional.

Recientemente, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 2155 de 2021 de inversión social, en la que en el artículo 28 se establece la posibilidad de cofinanciar hasta el 50% del déficit de operación o de implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, originado por las restricciones del nivel de ocupación en los buses por el Covid-19. Esto representa una oportunidad magnífica para respaldar el aumento de frecuencias y rutas, de tal forma que se pueda mejorar la confiabilidad del sistema y su sostenibilidad financiera.

Lo anterior, es un gran logro de los congresistas en articulación con el Gobierno Nacional que debemos aprovechar para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Esperamos que una vez el Ministerio de Transporte defina la metodología de cálculo del déficit, la administración distrital de Cali haga uso de esta alternativa para salvar nuestro sistema masivo.

Sin embargo, como también he dicho en otras oportunidades, la solución estructural al sistema requiere de una acción decidida de las diferentes entidades de la administración distrital, de los operadores del sistema y de la ciudadanía. El tiempo se le está acabando al sistema, si no avanzamos en acciones concretas perderemos nuestro sistema de transporte y las consecuencias serán nefastas para Cali y sus ciudadanos.

Es clave agilizar la recuperación de las estaciones para que se pueda operar con tipología de buses de mayor capacidad, lo que no solo permite mejorar la comodidad de los pasajeros al interior de los buses, sino que brinda una mayor eficiencia a la operación. Se necesita con urgencia disminuir los tiempos de espera en estaciones, las quejas son recurrentes. Tampoco podemos permitir más vandalismo a los buses porque además de los daños materiales, ponen en peligro constante la vida de los usuarios y conductores.

No dudo que los funcionarios de la administración estén igual de preocupados que yo por esta situación, pero es necesario que las preocupaciones se tornen en acciones. La sociedad civil está lista para hacer su parte.

* Directora Ejecutiva de ProPacífico
​Sigue en Twitter @MariaIUlloa