Por: Andrés Salazar Salazar, coordinador Regional de la UBPD para el Suroccidente.
El terremoto ocurrido en nuestro país tardó un poco más de un minuto, tan solo un instante; pero la sacudida de la verdadera tragedia tardará años en materializarse en acciones concretas que el Estado asuma como responsabilidades ineludibles. Entre todo el estruendo de la tierra y el ruido de la gente, permanece silenciosa otra tragedia mayor: la de los desaparecidos. En la vorágine de la emergencia, las autoridades hablaron de más de 100 personas dadas como desaparecidas; ahora, mientras el polvo comienza a asentarse y la ciudad intenta levantarse del caos, un poco más de 122 siguen sin rastro en todo el país. Más de un centenar de familias condenadas a la incertidumbre de no saber dónde están los suyos y aguardando una atención estatal que debería ser prioritaria e integral.
Sin embargo, sería una ingenuidad imperdonable, una posición cómoda, creer que la desaparición de personas se reduce a un evento coyuntural. Preocuparse por los desaparecidos del sismo es necesario y urgente, pero no podemos cerrar los ojos ante nuestro propio abismo histórico de la desaparición. Esta es una herida tan vasta y compleja que exige abordarse desde sus elementos más estructurales, no solo para conjurar el espanto cuando sucede, sino para fortalecer una ruta de atención que evite que vuelva a suceder.
Asomarnos a esta realidad es aterrador: tan solo en el Valle del Cauca son 8202 personas desaparecidas en contexto y razón del conflicto armado, hasta el 1.º de diciembre de 2016. Una cifra horrorosa que nos condena a ser la tercera región más castigada por este inventario de ausencias en todo el país. No obstante, esta tragedia no es, ni mucho menos, un eco del pasado: en pleno 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 308 nuevas desapariciones en 17 departamentos, en el marco de conflictos armados internos que permanecen activos en nuestro país; de ellas, 77 personas desaparecidas son menores de edad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación registró en ese mismo año 1364 noticias criminales por desaparición forzada; de esos expedientes, 401 tienen nombre de mujer y 410 tienen el rostro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cayeron en el pozo profundo de nuestras violencias.
Semejante panorama del horror debería bastar para obligarnos, como sociedad, a blindar los mecanismos de atención urgente. Hoy Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Búsqueda, un conjunto de instituciones del Estado, organizaciones sociales y herramientas de coordinación orientadas a articular la búsqueda humanitaria, extrajudicial y judicial de personas dadas por desaparecidas, especialmente en el contexto del conflicto armado. Pero esta maquinaria de esperanza será letra muerta si no logra despertar de urgencia una verdadera conmoción social y mediática, un escrutinio permanente de la academia y una atención comprometida desde lo público y lo privado.
Hoy, este Sistema Nacional está impulsando la Política Pública Integral de atención, prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, diseñada para mejorar la efectividad de respuesta en asuntos relacionados con desaparición y atención a las personas, familias, colectivos, plataformas y movimientos que les buscan. Sin embargo, salir del abismo no es fácil; es indispensable que la ciudadanía inste a las autoridades regionales y locales a capacitar a sus funcionarios para abrir los puentes necesarios que hagan de esta política pública una realidad tangible.
Cuando nos vemos confrontados a un universo estimado de 137.634 personas dadas por desaparecidas por la crueldad del conflicto armado y la violencia sociopolítica, el orden de las prioridades cambia. Es entonces cuando la sociedad en su conjunto no tiene más remedio que volcarse hacia una tarea que nos convoca desde hace tiempo: buscar, aportar información, encontrar e identificar a quienes, contra todo olvido, seguimos esperando.