Como persona que habita en la ciudad de Cali y por mi propia experiencia como exgobernador del Valle del Cauca y exvicepresidente de Colombia, considero de vital importancia y como una prioridad, tanto para los alcaldes municipales y gobernadores departamentales como para el Gobierno nacional, todo lo relacionado con el logro de la reconstrucción económica y social, así como la seguridad integral de Colombia.
A partir de experiencias ya vividas, tanto en Colombia como en otros países, es de urgencia manifiesta la necesidad de establecer un plan de reconstrucción, tanto a nivel urbano como rural, de todos los municipios que, como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre muchos otros, tristemente tuvieron varios sectores de su población urbana y rural muy afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
A esa dramática situación, también debemos agregar las consecuencias negativas de la absurda e irracional violencia que vienen sufriendo tanto la población civil como nuestros policías y soldados en muchos de esos municipios. Además de lo anterior, están las numerosas quemas generadas por manos criminales en zonas rurales de un buen número de municipios colombianos y la preocupante y acelerada escasez de agua potable como consecuencia del intenso verano.
Por todo ello, cuando hablo de la reconstrucción física de numerosas viviendas, de centros educativos, hospitalarios, culturales, deportivos y empresariales, afectados muy duramente en su infraestructura, con todas las consecuencias que ello ha generado en pérdidas humanas y materiales, es necesario señalar que su reconstrucción parcial o total no es una tarea fácil para los gobiernos locales, regionales ni para el Gobierno nacional, mucho más cuando, en las condiciones particulares de Colombia, dicho proceso está afectado por las diversas expresiones de violencia, lo mismo que por diversos desastres naturales.
Frente a esa situación y ese gran desafío, con todo respeto, considero que el peor error político que se puede cometer es facilitar que la población civil ande por su lado y que las diversas instancias del Estado anden también por el suyo.
Por eso, encontrar caminos de éxito y superación de las dificultades en tan dura y noble tarea requiere unir esfuerzos, promover mucho diálogo social y fortalecer la cooperación, en la diferencia, entre los gobernantes y la población en su conjunto, tal como quedó demostrado en todo el proceso de reconstrucción del Eje Cafetero con motivo del terremoto de 1998.
La positiva política de saber unirnos en la diferencia, tal como quedó demostrado con las diversas manifestaciones de solidaridad con las miles de personas damnificadas del terremoto del pasado 10 de agosto, es la que urgentemente necesitamos ahora, a nivel municipal, regional y nacional, en la difícil tarea de reconstrucción humana y material de todas las zonas urbanas y rurales afectadas por el terremoto, los irracionales incendios forestales, el extenso verano y la irracional violencia que, desde hace varios años, venimos sufriendo en Colombia.
De nuevo reitero que sería un error político de los alcaldes , gobernadores o del propio Gobierno Nacional pretender asumir solos semejante responsabilidad social y política. En tal sentido, mi sugerencia, y a fin de crear un fondo económico común para la reconstrucción material y social, es que se atrevan, de manera conjunta, a meterle pueblo a tal proceso y a estimular iniciativas como la del juego de la pirinola donde todos ponen.
De no ser así, se corre el riesgo de que todas las consecuencias negativas para la población urbana y rural de esas absurdas tragedias naturales, se las traguen los remolinos de las ambiciones y sectarismos políticos y sociales de la próxima campaña electoral de octubre de 2027, cuando elegiremos en Colombia, por voto popular, a los alcaldes y concejales, lo mismo que a los gobernadores y diputados.