En las democracias, la preocupación por lo que se denomina la integridad del sistema electoral es permanente. Hay estudios comparativos en el nivel global y, con frecuencia, escuchamos sobre cambios en la geografía electoral en los Estados Unidos que recuerdan tiempos deplorables en lo relativo al funcionamiento del proceso electoral.

En Colombia, el caso más reciente de controversia sobre la integridad electoral tuvo lugar en la elección del 19 de abril de 1970, en la cual el partido político del general Rojas Pinilla, expresidente de la República, alegó haber sido víctima de un fraude que le dio la victoria al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Vivíamos el semestre final del periodo de gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y el ministro de gobierno era el así llamado Tigrillo Noriega.

Los registros históricos dicen que el domingo 19 de abril nos fuimos a dormir con datos que eran favorables al movimiento político que encabezaba Rojas Pinilla, y que el lunes en la mañana ya el triunfo electoral era de Misael Pastrana. El alegato de fraude se superó en una reunión que tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica, la sede diplomática del Estado Vaticano en Bogotá, entre el presidente de la República, Carlos Lleras y Rojas Pinilla, supongo que en presencia del Nuncio, o sea, del embajador del Vaticano. Como consecuencia, el general Rojas aceptó los resultados electorales, no hubo la revuelta que se esperaba y que pudo haber tenido gravísimas consecuencias. Más adelante surgió el M-19.

Cuál fue el factor que hizo que el general Rojas Pinilla aceptara el resultado electoral es todavía un misterio histórico. ¿Acaso intervino desde Roma el sumo pontífice para calmar los reclamos del general? Insisto, todavía es un misterio.

Se debe recordar que las elecciones de mitaca de 1972 le dieron un triunfo claro a Misael Pastrana, quien entonces declaró: “Ahora sí comienzan mis primeros 100 días”. Y años más adelante, ya al final del siglo XX, su hijo, Andrés Pastrana Arango, fue elegido presidente, lo cual, en mi perspectiva, era una especie de ratificación de la legitimidad del triunfo de su padre en 1970.

Versiones de distintas personalidades políticas sobre la ocurrencia de un fraude que habría tenido lugar en el departamento de Nariño que pudo llegar a la suma de 170.000 votos, nunca tuvieron una verificación creíble. Así, entonces, se superó esa crisis con respecto a la integridad del sistema electoral y no recuerdo otra situación en la cual este hubiera sido controvertido.

Nada afecta más la legitimidad de un sistema político que las sospechas fundadas con respecto al buen funcionamiento de su proceso electoral. Y por ello es muy deplorable que desde la Presidencia de la República se divulguen, inclusive ante la comunidad internacional, dudas sobre su correcto funcionamiento. No se puede destruir de esa manera el prestigio bien merecido que tiene la democracia colombiana internacionalmente. Somos un referente en esta y otras materias.

La violencia, ahora contra el propio Álvaro Uribe, jefe de la oposición, y su señora, y el constreñimiento electoral le han dado a esta campaña un carácter inusitado que no ha propiciado un buen conocimiento de los programas de los candidatos. Y, además, la negativa a participar en debates y entrevistas ha incrementado las dificultades para lograr una buena campaña. Y ni hablar del desequilibrio que ha creado la abierta interferencia del gobierno que el Procurador General, Gregorio Eljach, ha denunciado.

No es una campaña normal. Y por eso es tan difícil anticipar resultados. Es que muchos votantes, cuando son encuestados presencialmente, no logran sustraerse al sentimiento de coacción y no pocos prefieren no responder. Somos una democracia con una admirable tradición electoral que hoy no puede enorgullecerse de lo que está ocurriendo y peor si, desde lo más alto, se proclama que habrá fraude. ¡Qué contradicción tan grande! Pero nuestra tradición electoral prevalecerá.