Son cerca de 6000, si no han superado ya esa cifra. Están por todas partes recordándole a la ciudad una inmensa deuda social que tiene pendiente desde hace años cuando los desgobiernos se hacían de la vista gorda y miraban hacia otro lado dejando crecer enormes concentraciones de personas en situación de calle y viendo cómo crecían los multimillonarios negocios de microtráfico que les alimentan.

La transformación del centro de Cali, principalmente por la construcción del proyecto Ciudad Paraíso y la gran estación del MIO, ubicados en el sector conocido como El Calvario, han desplazado a esta población hacia otros puntos de la ciudad con el consecuente deterioro de las zonas a donde van llegando. La ribera del río Cali, San Vicente, la Alameda, Bretaña, todo el corredor de la Autopista Suroriental y algunos sectores del Norte cercanos al barrio la Isla sienten el impacto de esta trashumancia de personas en busca del mercado de drogas.

Los depósitos de materiales reciclables también están ligados al deterioro de los sectores donde se ubican, ya que muchas de las personas en situación de calle consiguen el dinero para el consumo rebuscándose entre hierros y cartones. A esto se suman los ciudadanos de buena voluntad que quieren ayudar pero terminan dejándole un problema a los vecinos que se quedan con el basurero de las cajas de icopor y los drogadictos en la puerta de sus unidades consumiendo basuco delante de familias enteras.

La Alcaldía tiene una unidad de atención al habitante de calle que realiza una loable labor prestando servicios de salud y realizando campañas que van desde la integración a programas de rehabilitación hasta la recuperación de la identidad, pero que resultan ser insuficientes frente a un fenómeno cada vez más grande debido, entre otros, al multimillonario negocio del microtráfico que tiene sus clientes cautivos garantizados ya que el adicto consigue como sea el dinero para seguir consumiendo.

La Policía poco puede hacer ya que la libertad para dormir en la calle y para consumir droga está garantizada por la ley pero el vecino, el comerciante, la persona que tiene que convivir con esta problemática no tiene ningún derecho ni garantía frente a las autoridades para exigir que su zona, sus parques, la puerta de su casa, esté libre del consumo de drogas y de la consecuente circulación y presencia de habitantes de calle, que en la mayoría de los casos tienen casa y familia en alguna parte de la ciudad.

Es conocida la práctica que tienen algunas ciudades intermedias de subir a un bus a la mayor cantidad de habitantes de calle y dejarlos en las puertas de otro municipio, desechándolos. Cali no puede hacer eso, ni esconder el problema, es demasiado grande, ni ignóralo, urge una política de seguridad social y de tratamiento para estas personas, y sus familias porque detrás de cada habitante de calle hay una madre angustiada, unos hermanos que no saben qué hacer con el problema, todo un entorno enfermo también.

El combate al microtráfico tiene que combinarse con otras formas de lucha contra este flagelo: reforzar las campañas de educación y prevención en los colegios, sobre todo en las zonas contiguas a las ollas de microtráfico; abrir más centros de consumo responsable, como el que está ubicado en el centro de la ciudad donde se atiende a los drogadictos dándoles un espacio seguro y limpio para que consuman y no lo hagan en la calle y, la que creo es la solución más cercana a una definitiva, la legalización y el control de las sustancias adictivas para que sean las autoridades de salud las que administran el negocio y no las mafias del microtráfico pero eso requiere un trámite eterno en el congreso casi que hasta un plebiscito.

Es hora de abrir un debate sobre la legalización del consumo, que el estado asuma el control de la producción y distribución de las drogas como el bazuco y la heroína, para saber quién es la consumen y cuántos son, sería más barato y sobre todo menos cuento hacer esto que seguir batallando eternamente con una enfermedad social como esta.