En poco tiempo, quizá un año, entrará en operación el tren de cercanías, que vinculará a Cali con sus comunidades cercanas. El proyecto, impulsado inicialmente por el Departamento, con el apoyo de ProPacífico y el respaldo financiero del Gobierno Nacional, será elemento importante para la conformación efectiva de un área metropolitana de hecho, así no se reconozca según las reglas legales.
Parte central del proyecto es la recuperación del corredor férreo que cruza la ciudad de norte a sur, invadido desde hace mucho tiempo.

El siguiente paso para lograr los plenos beneficios del esfuerzo en curso sería la articulación del servicio de transporte por tren con un sistema apropiado de transporte masivo, sólido desde la perspectiva institucional, técnica y financiera. Lo existente dista mucho de esas calificaciones: en primer lugar, la junta directiva de MetroCali, la entidad del orden municipal a cargo del sistema, no tiene verdadera autoridad, pues ni siquiera nombra al gerente o lo remueve, tiene limitada injerencia en los procesos de contratación, y no tiene la necesaria estabilidad, lo cual apunta a serias deficiencias en materia de gobierno corporativo que no se han abordado en más de 20 años; en segundo lugar, MetroCali no tiene acceso a la información del Sistema de Información Único de Recaudos, por lo cual no se puede aprovechar el registro sobre dónde ingresan los usuarios al sistema en cada momento y dónde salen para programar el servicio de manera precisa según necesidades cada hora de cada día de cada semana del año, y ajustar los planes según requerimientos.

El número de usuarios aumentará si hay acertada planificación y los horarios se cumplen; si el uso del sistema permite reducir el tiempo en desplazamientos de manera consistente, toda la comunidad lo usará en forma permanente, en contraste con la situación actual, en la que solo sirve a quienes no tienen alternativa; en tercer lugar, MetroCali no tiene perspectivas económicas claras, pues perdió el proceso de arbitramento contra GIT, uno de los cuatro operadores que prestan servicio de transporte, y las perspectivas del proceso en el Consejo de Estado son inciertas.

Los sistemas de transporte masivo suelen tener déficit operacional; su objetivo no es obtener rendimiento sobre la inversión. Se evalúan por el tiempo que ahorran sus usuarios como consecuencia de la inversión en comparación con el que invertirían al transportarse por otro medio si no existiera. La inversión debe ser razonable, pero el hecho de que el sistema funcione bien no implica ganancias.

La Nación debería asumir la responsabilidad de dotar a Cali de un buen sistema: los estudios previos indicaban que la estrategia adecuada era poner en funcionamiento línea de tren ligero en el corredor férreo, y otra que llegara a ella desde Aguablanca, alimentadas por un esquema con buses grandes, a su vez alimentados por buses menores que cubrirían rutas de vecindario. El esquema fue desestimado por Andrés Pastrana, motivado por la hipótesis de menor inversión, que no se cumplió. Además, ni aseguró buen gobierno ni impulsó buena gestión desde el principio: MetroCali se formó como empresa de infraestructura, sin orientación a servicio, y eso no ha cambiado. El sistema está huérfano, y los habitantes de la ciudad merecen algo mucho mejor.

El asunto queda en manos del Gobierno Nacional y el Alcalde debe colaborar en el proceso.
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