De nuevo el Procurador Ordóñez abusó de su cargo para influir en la agenda política del país. Esta vez volvió a su cruzada moral contra los Lgtb y contra las libertades sexuales. Pidió que se reglamentaran las manifestaciones de afecto en los colegios y que en las instituciones confesionales se aconseje a los estudiantes para que controlen sus tendencias homosexuales.Muchos de los que critican a Ordóñez le piden que si quiere incidir en la agenda política abandone la procuraduría y se postule a algún cargo de elección popular. Es inaceptable que se extralimite en las funciones propias de su cargo y que abuse de su capacidad de retaliación que ofrece la procuraduría para imponer decisiones políticas que no son de su competencia.En realidad la situación de Ordóñez es mucho más grave que la del chantaje de un moralista que aprovecha su oficio de vigilante de los funcionarios públicos en vez de acudir a la competencia en las urnas. De hecho, el respaldo de un sector de la población a su cruzada moralista es suficiente para el día de hoy fácilmente garantizarle un puesto en el Congreso.Lo grave es que aún siendo elegido democráticamente la agenda que promueve Ordóñez es totalmente opuesta a los principios básicos de las democracias liberales. Está basada en la intervención del estado en temas propios de las libertades individuales. Lo de la sexualidad es lo más evidente pero detrás de la persecución a los Lgtb se viene toda una andanada contra la libertad de expresión, de comportamiento, de enseñanza y de muchos otros aspectos elementales y necesarios en una democracia.Estas son libertades que están por encima de los resultados electorales y que las mayorías deben garantizar a las minorías. Tanto así que de no ser garantizadas un régimen no puede ser calificado como una democracia liberal. Puede incluso haber elecciones periódicas pero el gobierno no es democrático. Conceder a Ordóñez la facultad de pasar por encima de las libertades individuales básicas y de los derechos de las minorías por el hecho de ganar una elección es abrir la puerta al autoritarismo.Lo peor es que la amenaza anti-liberal no proviene solo de la derecha. En una entrevista reciente a Pablo Catatumbo en La Habana reiteró aquello que las Farc vienen diciendo desde que empezó el proceso: que la guerrilla ve el proceso de paz no como una oportunidad de insertarse en la vida democrática sino como una oportunidad para tomarse el poder mediante las elecciones dado que no fue posible mediante las armas. Por supuesto, la toma del poder significa el final de las libertades propias de una democracia como ocurre en Venezuela y en el resto de autoritarismos de izquierda en América Latina.Más allá de si la declaración de Catatumbo responde a la necesidad de mantener moralizada a la tropa y de reivindicar sus ideales revolucionarios, ningún periodista le ha preguntado a las Farc que harían en caso de ganar unas elecciones luego de haberse desmovilizado. ¿Restringirían las libertades de empresa y de expresión como lo anuncia abiertamente su doctrina?De hace un tiempo para acá en Colombia está en juego algo más que el pulso político entre la izquierda y la derecha. Es el pulso entre quienes creen en la democracia liberal y quienes creen en democracias de fachada, bien sean de izquierda o de derecha. Es tiempo de hacer ver a la sociedad la naturaleza del pulso de fuerzas.