Siempre he defendido el Acuerdo de Paz con las Farc. Entiendo las dudas y sus imperfecciones, pero no he dejado de estar convencido de que era y es la mejor salida para acabar con el conflicto más largo que ha tenido este país.

Pero defender una salida negociada, tragándose el sapo de un grado de impunidad, no es sinónimo de creer que a todos hay que entregarles beneficios para que cumplan con lo que exige la ley. Con el Clan del Golfo, las disidencias y las docenas de grupos criminales que existen en el país no hay nada para acordar.

Las Farc tenían aspiraciones políticas claras que reivindicaron a un alto costo a través de la lucha armada. Tenían además, así no le guste a muchos aceptarlo, un apoyo popular que les daba legitimidad en territorios donde hacían las veces de Estado brindando servicios tan básicos como la justicia y la seguridad.

Pero los remanentes que quedan hoy de las Farc y los demás grupos que pretenden venderse como representantes de nuevas causas justas son una farsa. La única razón que les ha dado vida y continuidad a estos actores armados es sus ganas de engordar cada día más el bolsillo.

Aun así, ahora resulta que en sus intenciones bienhechoras de sentarse a negociar con el gobierno el Clan del Golfo enfatiza su interés por impulsar reformas sociales. Francamente nos ven la cara de pendejos.
Este Clan, como sus demás secuaces, nunca ha representado una causa real. No defienden una ideología porque no la tienen, no representan un sector de la población porque no les interesa, no luchan por causas porque no es rentable. Las bandas criminales, como crimen organizado, solo usan la violencia y el delito para lucrarse. No hay un fin último, no hay un bien superior. Y aunque eso tampoco alcanzaría en un país como el nuestro que ya tiene garantías básicas para hacer política dentro de la institucionalidad, al menos tendrían un discurso montado para maquillar sus delitos.

Por eso, la prioridad del gobierno debe ser fortalecer los mecanismos de sometimiento e impulsar la utilización de las figuras que ya existen por colaborar con la justicia -no abrir nuevas oportunidades para que criminales se laven las manos y se reenganchen con otra fachada.

Una figura básica como el principio de oportunidad debería ser prioridad. La Fundación Ideas para la Paz ya había formulado una recomendación en ese sentido al gobierno enfatizando su subutilización por centralizar su aplicación en el despacho del Fiscal. Ese sería un punto de partida fundamental para debilitar al crimen organizado a través de la Justicia ordinaria y sin gabelas adicionales. Con esa sombrilla, los beneficios van únicamente para aquellos que colaboren y se sometan.
Espero que este gobierno entienda que para la paz total no necesita fórmulas creativas que nos metan un tiro al pie.