Hemos hablado mucho de la fortaleza institucional que el sistema político demostró durante la administración de Gustavo Petro. No obstante intentos muy fuertes en contra de alguna de ellas, todas mantuvieron su función constitucional, su independencia y, por supuesto, sobrevivieron. Así se puede hablar de las Altas Cortes, del Poder Judicial y otras entidades y de los partidos políticos, del Congreso, y de muchas instituciones de la sociedad civil.
En esta semana, el Consejo de Estado puso de presente el ejemplo de autonomía institucional que dio el registrador, Hernán Penagos, al confrontar y superar exitosamente las insistentes acusaciones públicas del presidente Petro, quien denunciaba que había una estrategia para cometer un fraude electoral. Infortunadamente, su candidato y su partido político compartieron esa estrategia que quedó completamente desechada con el proceso electoral que llevó a la presidencia a Abelardo de la Espriella.
El Consejo de Estado declaró como juez de tutela, que esa acusación nunca tuvo fundamento y, en consecuencia, ordenó al Expresidente borrar los correspondientes trinos o afirmaciones, y para ello dio un plazo perentorio de cinco días. ¿Algo similar podría ocurrir en otro país?
Pues importantísima la decisión que de esa manera destaca la gestión de Hernán Penagos como registrador nacional, le otorga toda la razón a su planteamiento en defensa del proceso electoral y de la propia Registraduría Nacional del Estado Civil y, por supuesto, de su propia imagen y de su nombre.
Muy valiosa la decisión del Consejo de Estado tanto como el comportamiento de Hernán Penagos y, en general, de la sociedad colombiana, que no le prestó atención a semejantes afirmaciones presidenciales.
Con todo, cabe preguntarse si un atentado de este tamaño contra la legitimidad del proceso electoral, lo más significativo de una democracia y lo que la hace respetable ante el mundo, tan sólo puede dar lugar a una orden de borrar, ya tardíamente, cuando todo ya ha sucedido, y por fortuna ha ocurrido en la mejor forma posible, esos trinos que repetidamente se divulgaron.
El Consejo no podía ir más allá. Un tema que debe dar lugar a una serie reflexión, porque no es cualquier cosa que la máxima autoridad de un país desconozca insistentemente la legitimidad del proceso que inevitablemente va a servir para señalar su sucesor. Es quizás el mayor atentado contra la calidad y la supervivencia de una democracia. ¿Otras autoridades tendrían algo que decir al respecto?
Esta es la segunda vez que el M-19 plantea una situación de esta envergadura. La primera, el 19 de abril de 1970 que finalmente el general Rojas Pinilla, como representante de la Alianza Nacional Popular, Anapo, aceptó luego de una misteriosa reunión entre él y Carlos Lleras Restrepo, entonces, presidente de la República, en la Nunciatura Apostólica. Dos años después, el proceso electoral de mitaca resultó muy favorable al presidente Misael Pastrana, quien entonces pudo declarar, justificadamente, ahora sí, “comienzan mis primeros 100 días”.
Entonces muchos consideramos que esa estrategia contra el proceso electoral con los alegatos de fraude había incidido en el infortunio electoral de la Anapo, tanto en la mitaca como en elecciones posteriores. Porque difícilmente un electorado está dispuesto a volver a votar si el fraude ha sido aceptado o porque no tenía fundamento.
No me sorprendería que algo similar ocurrió en el proceso electoral que derrotó al candidato del Pacto Histórico. Cómo ganar cuando se proclama que el proceso que lo llevaría a uno a la Presidencia está contaminado por el fraude. Fueron millones los ciudadanos que no obstante la campaña de descrédito contra el proceso electoral votaron en favor del partido que propiciaba la teoría del fraude.
Asombroso, ojalá una encuesta a esos votantes nos dijera por qué obraron así, no obstante la prédica de sus propios jefes y orientadores en contra de la validez y del sentido del proceso electoral. ¿Desanimó a algunos votantes que habrían sido determinantes?