No hay ningún país del mundo donde la socialdemocracia no exista. Si ese término se entiende como la intervención en mayor o menor grado del Estado en la economía a través de regulaciones y la existencia de programas sociales, todos los gobiernos lo hacen. El meollo del asunto es encontrar un equilibrio entre los sectores público y privado, lo cual exige que ambos sean fuertes y eficaces.
La social democracia tiene un origen marcado por el marxismo y el socialismo, origen del que se fue alejando hasta convertirse en una especie de tercera vía entre el capitalismo y el intervencionismo estatal, con gran éxito en la creación de estados de bienestar en Europa occidental. Su premisa básica fue el fortalecimiento del sector privado para generar riqueza y una tributación progresiva, donde pagan más los que más tienen, y muchísimo más las grandes empresas, para distribuir la riqueza a través de programas sociales financiados con los impuestos. Ese ambiente productivo y distributivo solo funciona en democracia: vigencia del Estado de derecho, de las libertades civiles y de elecciones libres. En la medida en que un Estado se acerca o se aleja de esas ideas, es socialdemócrata o no lo es. Es el accionar cotidiano de los gobiernos lo que los califica de socialdemócratas, aunque se los clasifique de derecha o izquierda.
Para decirlo en otras palabras, un gobierno de izquierda que impida el crecimiento empresarial y al mismo tiempo agobie a las empresas con impuestos no es socialdemócrata. Y un gobierno de derecha que cree que los problemas sociales se resuelven solos, por acción de una mano invisible que genere bienestar, tampoco lo es. La gran tragedia colombiana es que, en la práctica, nuestro modelo de desarrollo ha sido socialdemócrata por decenios. De una parte, ha impulsado el desarrollo empresarial con protecciones arancelarias y créditos de fomento y ha establecido altas tasas de impuestos a las empresas. De la otra, ha montado una poderosa estructura de subsidios para la población menos favorecida económicamente. Sin embargo, la distribución del ingreso no ha variado significativamente.
Para decirlo de una manera dramática, en Colombia la distribución del ingreso antes y después de impuestos no varía y seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Hay dos preguntas a hacerse: la primera, ¿qué se hace con los impuestos y en qué proporción se evaden, se evitan, se invierten ineficientemente o se los roban? La segunda, ¿es el sector privado demasiado reducido para generar los impuestos que se requieren para la creación real de un estado de bienestar?
En la respuesta a esas dos preguntas está la clave de la construcción de una sociedad más igualitaria. El régimen tributario es una maraña de imposiciones y protecciones, donde solo el sector formal, empleados y empresarios, pagan altos impuestos, mientras sectores enteros de la economía, poderosos y adinerados, se escapan de los controles estatales. Los impuestos que se recaudan se despilfarran o se invierten en obras innecesarias. La corrupción campea y el sector empresarial es un oasis verde y próspero, en medio de un universo de pequeñas y medianas empresas que luchan por sobrevivir. Claro que se necesita un centro de pensamiento que elabore la doctrina de una socialdemocracia para Colombia, pero sobre todo un gobierno que la ponga de verdad en práctica.