Todo político promete servir al interés general, ocupe o no un cargo, pero pocos sostienen su palabra cuando hacerlo les cuesta un voto, un aliado o una donación. Es ahí donde el discurso se enfrenta a la renuncia, cuando aflora el verdadero límite ético del poder, menos ligado a la ley o la ideología que al cálculo de cuánto se acepta perder para seguir mandando.

Los ciclos electorales, el dinero de las campañas y las redes de favores pasan factura a quien privilegia el bienestar colectivo sobre su permanencia. A esa presión se suma una contienda que ha sustituido las ideas por el fervor de hinchada, donde se defiende la camiseta aun con el marcador en contra y se tilda de traidor a quien celebra una buena jugada del rival. Así, el mayor riesgo de pensar distinto ya no proviene del adversario; llega de los propios, incapaces de perdonar que alguien ponga el criterio por encima de la camiseta.

En enero de 1919, con el imperio alemán derrumbado y Múnich al borde de la revolución, Max Weber distinguió entre la ética de la convicción, fiel a los principios sin reparar en sus consecuencias, y la de la responsabilidad, atenta a los efectos de cada acto. El político decente necesita las dos: entereza para no negociar sus valores y discernimiento para admitir que una causa noble puede conducir al error, pues ningún sacrificio merece admiración cuando carece de sustento.

La integridad se prueba al adoptar medidas impopulares con fundamento, resistir años de incomprensión y preferir soluciones duraderas a victorias retóricas que se apagan con el titular. Exige también entender que ninguna fidelidad partidista supera el deber con la ciudadanía y sostener esa convicción, aun a costa del respaldo de quienes lo llevaron al cargo.

Quemarse en silencio, asumir el costo de hacer lo correcto sin esperar honores, es una virtud escasa en la política, donde muchos prefieren aparecer antes que resolver. Hay mérito en quien acepta perder popularidad por una decisión necesaria, sin buscar después el reconocimiento de haber sido valiente. Porque una cosa es explicar lo que se hace y responder por sus resultados, y otra convertir cada acto de gobierno en una oportunidad para alimentar el ego.

La decencia individual tiene poco margen cuando las reglas del poder castigan la independencia y recompensan la obediencia. Un territorio no progresa por el brillo de sus gobernantes; avanza cuando sus instituciones sostienen lo que da resultados, aunque otros se lleven el crédito. En tiempos de memes y ataques fugaces, defender esa continuidad exige impedir que cada ambición de turno deshaga lo que a una sociedad le costó años construir.

Como observador de esta realidad, reconozco una atadura que en Colombia conocemos de sobra: la deuda con quien abrió una puerta, cumplió una promesa o facilitó un contrato. Sí, usted sabe de qué hablo, del clientelismo que convierte la gratitud en obligación y termina poniendo lo que es de todos al servicio de unos pocos. Una práctica que casi nadie denuncia, aunque sus consecuencias salten a la vista en escuelas que se caen, carreteras que nunca llegan y oportunidades que se esfuman. Al final, quienes nada recibieron son los que pagan la cuenta.

***

Claridades: Mientras leía esto, ¿pensó en las concesiones que hacen los demás o se atrevió a reconocer aquella que usted mismo solicitó o consintió a cambio de callar lo que sabía que estaba mal?

*Consultor internacional | @bac.consulting