La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está llegando a un punto de quiebre en el que se definirá su destino: continuar en funciones con la estructura y procedimientos actuales o desaparecer dejando un legado de frustración y expectativas no cumplidas. La afirmación anterior se deriva del proyecto que cursa en el Senado impulsado por los partidos de derecha, el cual busca que la vida de aquel organismo no se extienda más allá de sus primeros diez años a completarse en el 2028.
Entre las críticas a la Jurisdicción se cuenta la ausencia casi total de condenas contra los miembros de las Farc, impunidad que se extiende a delitos de lesa humanidad incluyendo reclutamiento de menores y abusos sexuales. Un modo de proceder del organismo que contrasta con la celeridad para juzgar y condenar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Además, es notoria cierta inacción que se ha prestado para el ocultamiento o erosión de recursos de origen delictivo que los victimarios deberían entregar a sus víctimas.
A las dudas de los ciudadanos sobre la eficacia del sistema se suma el asunto de su costo, y es que cuando no se cumplen a cabalidad cualquier suma que se destine a un propósito parece exorbitante. Para la vigencia de 2027 la JEP solicitó recursos por valor cercano a un billón de pesos, pero lo aprobado no pasa de setecientos mil millones.
Lo anterior tiene que ver con las percepciones del Gobierno Nacional y la mayoría parlamentaria sobre la Jurisdicción Especial, a la luz de algunos elementos objetivos. El organismo cuenta con una planilla cercana a los mil quinientos empleados y con mil doscientos contratistas. No es menos impactante el hecho de que cada uno de los treinta y seis magistrados tenga a sus órdenes tres magistrados auxiliares, todos ubicados en los rangos salariales más altos de la administración pública.
En defensa de la JEP se argumenta que gracias a ella 296 familias encontraron a sus desaparecidos; se exhumaron 108 cuerpos de víctimas de falsos positivos y se escucharon 4300 víctimas de secuestro. El problema es que estos resultados son exiguos frente a las teóricas 8000 ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, los 20.000 reclutamientos de menores de edad, los miles de asesinatos, secuestros, abusos sexuales y abortos obligados que se presentaron durante la confrontación.
Ante los señalamientos del sector político y la creciente inquietud sobre la eficacia de la JEP, sus directivos han respondido planteando medidas de austeridad que constituyen un paso en la dirección debida. Se habla de disminuir en un 85% la nómina de contratistas, recortar unos $170.000 millones en otros gastos de funcionamiento, bajar de manera considerable el abultado rubro de alquileres.
Pero los defectos mayores están en otra parte. Al crear el organismo copiaron la parte más vetusta de los sistemas judiciales nacional e internacional: pompa y majestad con séquitos burocráticos profusos, procedimientos agobiantes, y unos alcances inabarcables con relación a la tarea asignada. Esta culpa no se le puede atribuir a quienes fungen o han fungido como magistrados de la JEP. Ellos cumplen las obligaciones que les señala la Ley. El pecado viene de las normas que regulan la organización y el funcionamiento y de la versión de Justicia Transicional adoptada por el Acuerdo de Paz.
El hecho cierto es que la expectativa de infinidad de colombianos sobre la JEP era de un sistema eficiente con un buen balance entre garantías y agilidad, libre de los protocolos, términos y ritos agobiantes de una justicia penal convencional cuyo propósito es diferente. Teníamos la esperanza de una justicia imparcial y reparadora, que diera resultados tangibles y entendiera que su eficacia en horizontes de tiempo razonables, representa la mejor garantía de no repetición.
Con todo, el desmonte de la JEP durante el futuro inmediato no es el remedio. Su andar lento nos descorazona pero la Jurisdicción posee una experiencia valiosa, vasta información y el potencial de transformarse en entidad eficaz y vigorosa, cuyos resultados pongan fin a la frustración nacional sobre justicia y conflicto. Por eso la propuesta oportuna sería extender el funcionamiento del organismo durante los próximos cinco años, posibilidad prevista en los acuerdos que le dieron origen, pero con el compromiso de hacer revisión rigurosa de su estructura, procedimientos y costos.
Eficacia y austeridad deben ser los principios rectores en los años por venir. Este modo de proceder plantea la necesidad de transferir a otros actores estatales tareas distintas a las de investigar y juzgar. De esta manera serían cedidas entre otras, las responsabilidades referentes a protección de víctimas y comparecientes, asistencia psico social y verificación del cumplimiento de penas.
Nadie como el Presidente de la JEP y sus magistrados conocen las fortalezas y debilidades de esa jurisdicción. Partiendo de ahí y de escuchar tanto a las víctimas como a los ciudadanos del común, debería construirse una propuesta de reforma que haga posible la reestructuración de este instrumento judicial y, como consecuencia, la prórroga tramitada ante el Congreso.