Más de trescientos cuarenta. Son los reportes de ataques con drones que hemos identificado en Colombia este año. Ninguna cifra coincide. Las fuentes militares cuentan 220, Acled casi 200 hasta septiembre y la Defensoría 121 hasta mayo. Uno de cada cinco ataques afectó a civiles. Cuando se conoce al autor, el 64 % se atribuye al Eln y el 39 % a las disidencias de las Farc, y algunos a ambos. El Clan del Golfo apenas llega al 1 %.
Hace unos meses, en esta columna, advertí al general Mora que el Suroccidente se había convertido en un laboratorio de guerra de drones. El domingo, varios drones atacaron el peaje de Villa Rica, en la Panamericana, a media hora de Cali. El Ejército señaló al frente Jaime Martínez, de alias Iván Mordisco, el mismo que asedia a Jamundí. Al día siguiente, Mora, ya ministro de Defensa, dijo haber recibido un Escudo Nacional Antidrones de 6,2 billones convertido en cascarón vacío. Su antecesor, Pedro Sánchez, replicó que ningún proveedor cumplió los requisitos. El pleito entre dos exgenerales esquivó la pregunta que importa. ¿Era posible lo prometido?
No lo era. Ni Israel tiene un escudo contra drones pequeños, y el colombiano fue, sobre todo, mercadeo estatal. De 117 empresas interesadas, apenas una habría cumplido los requisitos, y al final ninguna lo hizo. El Ministerio probaba inhibidores de radio cuando el Eln ya atacaba con fibra óptica. Ese dron vuela atado a su piloto por un hilo de vidrio, y sin señal que bloquear, el inhibidor no sirve, como se vio en febrero en el cantón San Jorge de Saravena.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro hacía anuncios, la Gobernación del Valle se anticipó. En 2024 compró cinco equipos antidrones para el Ejército y la Policía por cerca de $3500 millones, y este año otro de $1.000 millones para la Armada en el Pacífico. “Con el gobierno Petro realmente estuvimos solos”, dijo en julio el secretario de Seguridad, Guillermo Londoño. Esos equipos frenan a los drones comerciales, que siguen siendo mayoría, pero no a los de fibra.
La vulnerabilidad es doble. Los grupos armados no solo atacan con drones, también aprendieron a derribar los del Estado. En febrero, el Ejército incautó en el Cauca y el Catatumbo inhibidores chinos de drones del mismo modelo que protege la Casa de Nariño. Reportes de inteligencia calculan que otros 37 estarían en manos de grupos armados en Antioquia. Cada uno de esos equipos puede cegar un dron militar de vigilancia o hacer caer uno de ataque. Su ruta muestra la complejidad del tráfico de armas. Un inhibidor no figura como arma en el arancel. Se compra a un fabricante chino o en el mercado gris, entra como equipo de radio por cualquier puerto o cruza desde Venezuela por las trochas de los fusiles y la cocaína. Hoy el mismo aparato protege al Estado y a sus enemigos.
Para el mayor retirado de la Fuerza Aérea Camilo Mendoza, el fracaso resume cuatro errores. El primero fue de la cúpula militar, que por un engaño perceptivo vio en el dron apenas una herramienta recreativa. Los grupos armados los usan de forma sistemática desde 2024, y el Ejército activó su primer batallón antidrones solo en octubre de 2025. El segundo fue reaccionar tarde y a pedazos, hasta que cada fuerza terminó comprando lo suyo. El tercero fue confiarlo todo a la interferencia electrónica.
El cuarto es el más grave. Según El Colombiano, un memorando firmado con Turquía en junio de 2025 habría abierto la puerta para direccionar el contrato hacia la estatal turca MKE. Sánchez lo negó, pero su sucesor afirma que se insistió en negociar con empresas que no cumplían los requisitos. Sumadas a doce comisiones al exterior de costo incierto, las sospechas ameritan una auditoría de la Contraloría y la Procuraduría.
Corregir el rumbo exige entender dónde está el centro de gravedad de esta guerra. No está en el cielo, sino en la cadena que arma cada dron. La primera decisión es defender bases, estaciones y peajes por capas, con radar, sensores ópticos, drones interceptores y algo tan humilde como una malla, que en Ucrania ya cubre cientos de kilómetros de carretera. La segunda es vigilar lo que no se imprime. Una impresora 3D fabrica el chasis, pero motores, baterías y carretes de fibra se importan como simple electrónica y escapan a la resolución de drones de la Dian. Le corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia cruzar esos datos aduaneros con pagos, rutas y destinos. La ley de drones que prepara el Gobierno debe darle esa misión, o nacerá tan obsoleta como el escudo.
No existe un escudo perfecto contra los drones, ni en Israel ni en Ucrania, y prometer uno fue el primer error. Anunciar no es comprar, comprar no es proteger y proteger no es aprender. Contra un enemigo que se reinventa a diario, la única defensa que no envejece es aprender más rápido que él.