En días recientes el exsenador liberal Bedoya llamó la atención al afirmar: “No hago oposición, soy de gobierno”. Lo que revela tanto falta de reflexión en el ejercicio de la política como una concepción del poder estrictamente transaccional, donde el mandatario de turno se convierte en cliente y las diferentes fuerzas en oferentes. Olvidando que hay orillas insalvables e ideas antagónicas que exigen fijar posiciones y asumir el costo.

Precisamente para hacer visibles esas diferencias, Colombia cuenta con reglas que obligan a los partidos a definirse frente a cada mandatario: gobierno, independencia u oposición. No son simples etiquetas. Permiten saber quién acompaña una administración, quién toma distancia y quién ejerce control político. El período 2022-2026 dejó ejemplos claros. El Pacto Histórico, el Partido Liberal y La U se declararon gobiernistas; mientras Centro Democrático y Cambio Radical hicimos oposición decidida. Cada colectividad tomó decisiones que hoy forman parte de su trayectoria y que no deberían pasar desapercibidas.

Por eso resulta llamativa otra expresión de Bedoya, según la cual, la única diferencia entre un gobierno u otro consiste en determinar: “A quién le va bien y a quién le va mal”. No en vano el Presidente De La Espriella atajó al exsenador cuando manifestó su deseo de respaldarlo a través de terceros en el Congreso. Calificándolo de politiquero y recalcando que la relación con los legisladores se basaría en principios, no en puestos ni dádivas.

Ese episodio reabre otra discusión: los sectores y dirigentes que actúan como bisagra entre gobiernos ideológicamente distintos. El fenómeno no es exclusivo del Congreso. También puede observarse en asambleas y concejos, donde las alianzas cambian conforme se suceden gobernadores y alcaldes. Cuando los cambios responden a acuerdos programáticos son perfectamente legítimos; cuando resulta imposible identificar qué ideas comparten, aparecen dudas sobre la identidad y las banderas de los implicados.

¡Y precisamente allí encuentro similitudes entre algunos actores! En maneras de entender la política, de moverse en espacios de poder y conservar capacidad de “interlocución” sin importar quién gobierne. Hay, sin embargo, una diferencia que no puede pasar inadvertida. En Antioquia, el tránsito político de Bedoya hacia el nuevo Gobierno Nacional encontró rechazo ciudadano. Especialmente por su asociación con el Petrismo. Pero falta una reacción semejante en el Valle del Cauca. Un caso todavía más preocupante.

Porque en suelo vallecaucano no sólo hay estructuras “pragmáticas” u oportunistas, sino aquellas que sobreviven a cambios de gobiernos y hasta decisiones judiciales adversas. Tal es el caso de Juan Carlos Abadía, condenado a 21 años de prisión y que hasta hace poco continuaba incidiendo en política regional desde un pabellón privilegiado en cierta Escuela de Carabineros, donde respaldaba candidaturas e intervenía en entidades como EMCALI o la mismísima Contraloría Distrital.

Pero reducir el problema a Bedoya, Abadía, al Partido Liberal o a La U sería quedarnos cortos. Estas dinámicas han aparecido en numerosas colectividades y departamentos. Aquí la discusión de fondo es otra: qué significa pertenecer a un partido y qué responsabilidades asumen quienes deciden ser gobiernistas, independientes u opositores.

Colombia está muy cerca de las elecciones regionales de 2027 y desde ya se advierte una oferta política fragmentada. Entender quién defendió qué, quién acompañó a quién y por qué cambió de posición ayuda a distinguir proyectos políticos de simples alianzas circunstanciales.

Y resultará crucial que la ciudadanía aprenda a diferenciarlos. No sea que máximas como que todos los políticos están cortados con la misma tijera continúen calando en la opinión pública y desencantando. Por ende, el llamado es a mirar trayectorias, resultados y coherencia.