La corrupción es una peste universal y suele encontrar terreno fértil allí donde se concentran poder y dinero. En el mundo privado existen comisiones y porcentajes. Quien consigue un gran negocio puede recibir una suma enorme por haber hecho poco más que establecer los contactos adecuados. En profesiones como el derecho, la arquitectura o la ingeniería los honorarios dependen del tamaño del negocio y no de las horas trabajadas. Son acuerdos conocidos y aceptados por quienes pagan.
En el Estado ocurre algo completamente diferente: el dinero no tiene dueño visible, pero nos pertenece a todos. Y quien administra miles de millones puede terminar convenciéndose de que también merece una tajada. Para impedirlo hemos construido un laberinto de normas, licitaciones, interventorías, contralorías, procuradurías y fiscalías. Pero ninguna regulación parece suficiente frente a la imaginación de quien ha decidido robar. Siempre aparece un contrato, una fundación, un intermediario, un sobrecosto o una emergencia que permite justificar lo injustificable. Hasta hace poco permanecía una regla moral bastante sencilla: robar era robar. Podíamos discutir responsabilidades, exigir pruebas o esperar sentencias, pero nadie necesitaba averiguar primero la ideología del ladrón para decidir si estaba mal. Eso parece haber cambiado.
Los escándalos del gobierno anterior produjeron investigaciones, procesos y una interminable sucesión de revelaciones cuya compilación ha merecido libro. Como corresponde en un Estado de derecho, serán los jueces quienes determinen las responsabilidades individuales. Pero lo inquietante es la facilidad con que algunos seguidores del proyecto político encuentran una explicación tranquilizadora para cada episodio. El contrato irregular se convierte en error administrativo. El sobrecosto, en persecución política. El dinero desaparecido, en una conspiración mediática. Y ante cada nuevo escándalo aparece una cifra engañosa para cambiar el foco.
Es la corrupción del criterio. La ideología como detergente moral. Limpia aquello que durante toda la vida se condenó en los adversarios. Una sociedad puede sobrevivir a los corruptos mientras conserve la capacidad de indignarse con ellos. El verdadero peligro comienza cuando primero pregunta quién robó para decidir después si aquello merece llamarse robo.