El Estado colombiano parece una casa desvencijada cuya ruina se acrecienta día a día. Ante esta realidad, los mandamases del gobierno actual son indiferentes o hacen lo posible por acelerar el deterioro. No parece moverlos el propósito de cambiar para mejorar, sino la obsesión de destruir la sociedad burguesa.
En la cárcel de Santa Marta se presentó un episodio sin precedentes, el cual antes que cómico es perturbador. La semana pasada llegó hasta allá cierto grupo de individuos portando elegante féretro con su respectivo difunto y montaron una sala de velación en alguno de los patios. Para disipar la pena tronaron música y jolgorio, el Old Parr voló generoso. Según se dijo el propósito era que el muerto, presunto cabecilla de un conocido grupo criminal, pudiera recibir el abrazo postrero de quienes habiendo sido sus compinches pagan condenas.
Este episodio ejemplifica la inoperancia de nuestro sistema penitenciario. Las grandes cárceles y los centros de reclusión provisional son tierra de nadie, universidades que enseñan las más avanzadas técnicas para delinquir; call centers donde se practican de manera industrial los delitos de extorsión y chantaje telefónico; lugares en cuyos predios la violencia, los abusos, las vejaciones ocurren a la luz del día.
Entre tanto el gobierno mira impasible, no se pellizca. Les encanta criticar los sistemas carcelarios de otros países; ven la paja del ojo ajeno, pero ignoran la viga que tienen en el propio. El despelote carcelario nacional entraña una realidad: no hay nada más contrario a la dignidad humana, más violatorio de los derechos fundamentales que una cárcel colombiana. La sobrepoblación es abrumadora, las condiciones higiénicas lamentables, la intimidad imposible; el chantaje, las coimas, la corrupción, el tráfico de sustancias prohibidas son persistentes.
Frente al episodio de Santa Marta, el director del INPEC salió con una declaración inquietante indicando que cada jefe de reclusorio tiene autonomía para tomar decisiones. No se sabe si el oficial quería salvar su responsabilidad o exculpar a quien permitió el ingreso. Pero si nos está diciendo la verdad, como es de suponer, y el régimen penitenciario deja abierta la posibilidad de que funcionarios subalternos pueden hacer lo que les viene en ganas, incluso transformar la prisión en sucursal de funeraria, estamos muy jodidos.
La solución de la seguridad ciudadana está íntimamente vinculada a la represión del crimen. Pero esa represión, mientras disuade y castiga, debe permitir la apertura del infractor hacia nuevos horizontes de humanidad, no como ahora cuando, según estudios respetables, el 21% de los reos liberados serán reincidentes, volverán al delito y eventualmente, a las cárceles.
El desafío que se plantea es inmenso. Por un lado, debe invertirse en más y mejores instalaciones físicas, pero sin dejar de lado una estrategia de descongestión carcelaria respecto de aquellos delitos menores. Para completar se requiere reestructurar a fondo el Inpec, instituto carcelario que con sus decenas de sindicatos se ha vuelto ingobernable.
Con relación a este organismo lo sensato sería adscribirlo a la Policía Nacional, dándole el respaldo, la disciplina, la respetabilidad correspondientes. Claro, esto es mucho pedirle a este gobierno del Pacto Histórico al que tanto agrada la anarquía general.