En Buenaventura, las disputas entre bandas criminales convirtieron la desaparición forzada en un instrumento de terror. Human Rights Watch recogió testimonios de más de 45 desapariciones en tres barrios durante dos meses de 2013, más que las 38 registradas oficialmente en toda la ciudad ese año. Por las casas de pique, la expresión más brutal de aquella violencia, la Fiscalía obtuvo 27 órdenes de captura y ejecutó 16. Una investigación publicada en 2021 encontró que, de nueve detenidos vinculados a esos crímenes, siete habían quedado en detención domiciliaria o pagado condenas solo por concierto para delinquir, y uno fue condenado en esos casos. La justicia persiguió a integrantes de las organizaciones, pero quedó sin contestar hasta hoy quién respondió por los desmembramientos.
Ese desgarrador ejemplo anticipa uno de los mayores desafíos del presidente Abelardo de la Espriella, cuya mediática ofensiva contra el crimen exhibe cada día golpes a estructuras criminales junto al acumulado de capturas por cualquier delito. En su balance del 12 de octubre anunció 32.503 capturas, de las cuales 27.802 ocurrieron en flagrancia y 4701 mediante orden judicial. Solo 876 correspondieron a integrantes de grupos armados. Según la Policía, las capturas de las primeras semanas superaron en un 4 % el promedio de los tres años anteriores para el mismo periodo.
En el suroccidente, la Policía capturó hasta julio en Buenaventura a 61 presuntos integrantes de Los Shottas y 88 de Los Espartanos, pero su balance no informa cuántos han sido imputados o condenados. En Cali se estima, según la Policía, que el 60 % de los capturados por porte ilegal de armas recupera la libertad en 36 horas.
Una investigación mal estructurada o una prueba que no resiste el juicio bastan para comprometer el resultado de una operación, sobre todo cuando el expediente pasa años sin avanzar. En 2024, según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el 93 % de los casos activos seguía en indagación. La propia Fiscalía reconoce que en 2023 perdió seis de cada diez casos que llegaron a juicio. Cuando un caso avanza, con frecuencia se negocia ante la posibilidad del vencimiento de términos, y más de un tercio de las condenas del país se obtiene mediante preacuerdos, según la CEJ.
Si en la justicia ordinaria las condenas duermen, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la situación es peor. El caso del norte del Cauca y el sur del Valle, abierto en noviembre de 2018, suma ocho años después tres imputaciones y ninguna sentencia. En todo el país, la JEP ha sancionado a 21 de los 367 máximos responsables que identificó.
Los balances oficiales tampoco distinguen los tiempos judiciales. Las condenas de este mes pueden corresponder a capturas de hace cinco años, mientras los detenidos de hoy apenas comienzan su recorrido. Nadie puede decir cuántos capturados llegan a juicio, cuántos terminan condenados o absueltos, ni cuántos recuperan la libertad por vencimiento de términos, porque Colombia no publica información que siga a las mismas personas. El presidente debería promover una auditoría pública de la ofensiva, con resultados por departamento, delito y organización criminal. Esa auditoría no requiere publicar nombres ni expedientes reservados, solo medir el desempeño institucional con información verificable.
Nadie puede exigir sentencias inmediatas ni sacrificar las garantías judiciales para mejorar indicadores. Tampoco debemos aceptar que el éxito de una operación se declare antes de conocer su resultado penal, porque las víctimas esperan algo más que el anuncio de una captura.
La justicia colombiana falla en cada eslabón de la cadena. Capturar no es judicializar, judicializar no es sentenciar y sentenciar no es ejecutar las penas. Mientras el Gobierno celebre solo el primer eslabón, la impunidad seguirá intacta en los otros tres.