Colombia, en su larga guerra contra el terrorismo, convirtió el poder aéreo en una de sus armas más eficaces de contrainsurgencia. Los bombardeos de la Fuerza Aérea, apoyados en la inteligencia del Ejército y la Policía, le quitaron a la guerrilla el tiempo para desgastar al Estado y el espacio para esconderse y escoger cuándo atacar. Campamentos que durante años fueron refugios seguros se convirtieron en la tumba de muchos combatientes antes de que alcanzaran a disparar un fusil. Las bombas funcionaron mientras el enemigo se concentraba y el Estado sabía dónde estaba. Hoy no puede darse por hecha ninguna de las dos cosas.
El Estado aprendió la contundencia de los bombardeos, pero no la estrategia que debía acompañarlos. Según los informes de gestión de la Fuerza Aérea, durante el gobierno de Álvaro Uribe los ataques a campamentos y objetivos estratégicos pasaron de 109 en 2003 a 757 en 2006, y bajaron a 443 en 2008. Con Juan Manuel Santos, los registros parciales muestran 47 en 2010 y apenas 10 en 2012, y en 2015 ese gobierno suspendió temporalmente los bombardeos. Medicina Legal documentó 31 bombardeos con Iván Duque hasta octubre de 2021. Gustavo Petro los suspendió durante dos años y, tras reanudarlos en 2024, sumó unos 25. Ningún gobierno convirtió la ventaja aérea en presencia permanente del Estado en esos territorios.
Los narcoterroristas aprendieron a no agruparse. En 2008, la Operación Fénix dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. En 2010 la Operación Sodoma acabó con el ‘Mono Jojoy’, y en 2011 la Operación Odiseo, con Alfonso Cano. La dispersión salvó a muchos mandos, pero debilitó la coordinación y la disciplina de sus frentes. Cambiaron el dominio visible del territorio por redes pequeñas y móviles insertadas en economías ilícitas y con más presencia en ciudades y cabeceras municipales. Llevaron la guerra al terreno político, y cada bombardeo con menores reclutados entre los muertos se convirtió en una disputa jurídica contra el Estado. También buscaron infiltrar, con informantes comprados, la inteligencia de la que dependen los bombardeos. El cambio más reciente y el más peligroso es que el Estado perdió el monopolio del aire. Desde 2023, los grupos armados han lanzado casi 700 ataques con drones explosivos y este año van uno diario.
Colombia puede aprender de Israel los límites de su doctrina de ‘cortar el pasto’, que acepta que matar mandos debilita al enemigo sin destruirlo. Israel mató a Mohammed Deif, jefe militar de Hamás, en un bombardeo en 2024, y meses después Washington calculó que el grupo había reclutado casi tantos combatientes como los que perdió. Estados Unidos llegó a la misma conclusión tras dos décadas de ‘localizar, fijar y abatir’ jefes en Yemen y Somalia, donde Al Qaeda y Al Shabaab siguen en pie. Un grupo armado sobrevive mientras tenga a quién reclutar, cómo financiarse y dónde esconderse. Si el Estado no aprovecha cada bombardeo para ocupar el territorio y cortar las finanzas, el pasto vuelve a crecer. En Colombia tiene abono criminal de sobra.
Los bombardeos fueron determinantes para sentar a las Farc a negociar, pero el Acuerdo de 2016 no terminó la guerra. Las disidencias, el Eln y el Clan del Golfo se quedaron con los territorios y las rentas de la antigua guerrilla, y entre 2018 y 2025 duplicaron sus filas hasta superar los 27.000 integrantes. Solo en 2025 sumaron más de 5000, casi cien por semana, y de esos cerca de ocho son niños. En la economía nacional, la cocaína ya mueve más dinero que el petróleo, y para los grupos armados el oro ilegal deja más ingresos que el narcotráfico. Hoy tienen presencia en 527 municipios, más de la mitad del país, cuando en 2019 eran 212. La Paz Total abrió mesas que no produjeron resultados.
El presidente Abelardo de la Espriella cerró esas mesas y en su primer mes ordenó tres bombardeos. Si esta vez el Estado no llega detrás de las bombas con tropas, jueces y, sobre todo, golpes a las rentas criminales, solo habrá cortado el pasto otra vez. Esa es la lección pendiente de los bombardeos.