Como dijo el pastor John Milton Rodríguez “lo escrito, escrito está”. Por eso he releído varias veces el acuerdo firmado con motivo de las elecciones, entre este religioso y los candidatos al Congreso Roy Barreras y José Luis Arcila. En el documento estos personajes se comprometen a facilitar la consecución de recursos para los proyectos impulsado por Rodríguez; a no secundar el matrimonio entre individuos del mismo sexo, ni la adopción por tales parejas; a recibir en sus unidades de trabajo personas pertenecientes a la iglesia de Rodríguez, y a impulsar candidatos de esa feligresía a la Asamblea del Valle y a los concejos de Cali y Yumbo. A cambio el Pastor, acepta facilitarles interlocución con dos mil de sus líderes; difundir las propuestas de los candidatos y proveerles al menos 60 testigos el día de elecciones. En conclusión, las partes perfilaron un negocio en el cual se buscaban beneficios electorales a cambio de favores concretos.Muchos critican los métodos de Rodríguez y no son pocos sus malquerientes. Quizá ello se deba a lo fulgurante de su carrera. Pasó de ocupar un cargo medio en Lloreda Grasas, a la conducción de una multinacional religiosa, cuyos ingresos se cuentan en millones de dólares. Estos resultados no se logran porque sí. En el fondo está su talento empresarial; su capacidad para mercadear y convencer; su habilidad para crear durante las celebraciones litúrgicas un ambiente intenso, que incita a efectuar donaciones generosas, facilitadas por la disposición dentro del templo de múltiples datafonos y cajeros automáticos. Tal proceder, tachado por algunos como manipulación económica, no sería en si mismo reprochable. Existen otras congregaciones en las cuales los diezmos y contribuciones son obligatorios. Agrego algo más, aunque la opción que él representa no es la mía, reconozco que su predica hace bien a personas deseosas de encontrar caminos alternos para su espiritualidad. Pero considero que los entonces congresistas Barreras y Arcila, al igual que John Milton, se equivocaron con aquel negocio y dieron un mal ejemplo. En primer lugar, cuando los aspirantes a una corporación pública se comprometen en sigilo a servir un interés particular, están engañando a los electores. Estos sufragarán desinformados, pensando equivocadamente que el candidato esta libre de ataduras y se regirá en su desempeño tan solo por los criterios y los programas publicitados. A lo anterior se suma el hecho de que este pacto, cuya licitud es cuestionable, jamás podía producir efectos. Si los aspirantes al Congreso ya elegidos llegaran a cumplir lo convenido, quedarían como violadores del Régimen de Incompatibilidades consagrado en la Constitución Nacional. Según esta normativa, los congresistas no pueden adelantar gestiones en nombre propio o ajeno ante las entidades oficiales. Además, aquellos incursos en el tráfico de influencias, se sancionan con la perdida de la investidura. Puestas las cosas así, a Barreras y Arcila al ser elegidos apenas les quedaba la salida de incumplir, de poner conejo.No voy a hacer señalamientos en un caso de tanta complejidad. Eso corresponde a las autoridades judiciales. Me limito a repetir que los involucrados cometieron una grave equivocación, y lo mínimo que pueden hacer frente a la opinión pública es reconocerlo.