El pasado 20 de julio, durante la instalación del Congreso, fuimos testigos de un discurso del presidente Gustavo Petro que puede describirse como conciliador, donde hacía un llamado a buscar lo que él llamaba un “gran acuerdo nacional”. Su discurso, aunque giró principalmente sobre la necesidad de combatir la crisis climática, fue claro en la instrucción de reconstruir su coalición de gobierno en el Congreso, pero además de buscar la concertación de proyectos con diferentes sectores de la sociedad, como la academia y el empresariado.
Aunque esa intervención fue hace tan solo siete semanas, parece una lejana ilusión. Durante este tiempo el gobierno, y principalmente el Presidente de la República, habría echado al olvido su llamado de acordar modificaciones en las reformas y de escuchar al sector productivo y, por el contrario, haber iniciado o retomado una lucha frontal contra diferentes sectores productivos, entidades y todo aquel que se atreva a retarlo públicamente.
En sus alocuciones y trinos, el presidente ha subido el tono para referirse a sectores de la economía, a medios de comunicación, a propietarios de tierras, a las EPS, a las cámaras de comercio y a otros más. Pero además de los ya riesgosos ataques verbales por parte del gobierno, en las últimas semanas hemos visto cómo se materializan alarmas de ruptura institucional vía decreto, saltándose las debidas discusiones en el Congreso de la República, instando a los órganos estatales a convertirse en instituciones de activismo político o creando procedimientos que podrían ir contra la defensa de la propiedad privada.
La publicación de los borradores de decretos que permitirían la delimitación unilateral de zonas de reserva ambiental, a discreción del Ministerio de Ambiente; la adquisición de tierras con procesos exprés; la promoción de marchas y actividades para defender una reforma rural que aún no se conoce; instar a todas las entidades del gobierno a buscar el activismo político y la creación de comités regionales para defender esta iniciativa, entre otros, deben prender todas las alarmas del país y de la opinión pública.
Aunque diferentes sectores productivos han radicado sus comentarios a estos borradores, tal y como lo permite la ley, la respuesta del gobierno ha sido arrogante y en medios de comunicación han afirmado que a estos no se les realizará modificaciones, a pesar de las inquietudes de la ciudadanía. Preocupa… y mucho.
Ante la terquedad y la soberbia del gobierno debemos instar al Congreso a fortalecer su control frente al Ejecutivo (labor que se ha venido realizando con juicio durante esta legislatura) y a las cortes a poner la lupa sobre la constitucionalidad de estas iniciativas para evitar el abuso del ejecutivo.