El Ministerio de Hacienda presentó un informe sobre la ejecución presupuestal del Gobierno en el primer semestre de 2026. Los datos indican que esta avanza en el 41 %, una cifra que podría analizarse como positiva, es decir, que los recursos están llegando a los diferentes proyectos de forma eficiente.

Sin embargo, cuando se profundiza en los datos, aparecen las preguntas incómodas que cualquier gobierno debe responder, porque el problema no es únicamente cuánto se ejecuta, sino qué se deja de hacer.

Mientras el país enfrenta enormes desafíos en infraestructura, competitividad, reactivación económica y atención de emergencias, sectores estratégicos muestran niveles de ejecución preocupantemente bajos.

Uno de ellos es el sector de transporte, cuya ejecución apenas alcanza el 15,6 %; el propio Ministerio de Hacienda registra un 26,8 %, y la Presidencia de la República apenas llega al 4,4 %. Al mismo tiempo, el informe oficial reconoce que 20 sectores presentan pagos por debajo de su promedio histórico.

Estos datos resultan difíciles de conciliar con el discurso permanente sobre la falta de recursos para financiar programas prioritarios. Durante buena parte del cuatrienio, el Gobierno insistió en la necesidad de obtener mayores ingresos, mediante reformas tributarias, decretos y nuevos mecanismos de financiación. Pero la realidad demuestra que no siempre el problema es la ausencia de dinero. También existe un problema de gestión.

De poco sirve ampliar el presupuesto si los recursos permanecen inmovilizados en las cuentas del Estado.

El caso más llamativo es el de la emergencia económica declarada por el llamado ‘frente frío’. El Gobierno adicionó $8,6 billones para atender esa contingencia. Sin embargo, con corte a mayo, la ejecución efectiva era del 0 %. Aunque existían compromisos por $6,39 billones, no se habían registrado obligaciones ni pagos. Es decir, el dinero seguía sin traducirse en soluciones para los ciudadanos afectados.

A esta fecha, ya la responsabilidad de la ejecución y de las decisiones que se tomen en materia económica y fiscal le corresponderán al nuevo Gobierno.

Es necesario que se le ponga orden a las finanzas, la Contraloría General de la Nación habla de un déficit de $30 billones en el presupuesto del 2027, pero antes de plantear reformas tributarias que deban asumir los colombianos, debe haber un compromiso con la ejecución del presupuesto.

Esto no es un asunto técnico reservado para economistas. Es la diferencia entre una carretera que se construye o queda inconclusa; entre un hospital que recibe equipos o continúa esperando; entre una comunidad afectada por un desastre que recibe ayuda o sigue aguardando respuestas.

De ahí que sea necesario que el nuevo gobierno asuma esta tarea de la mejor forma, la ejecución del Presupuesto General de la Nación es, quizá, el indicador más claro para medir la capacidad de un gobierno de convertir sus promesas en realidades.

No basta con anunciar grandes reformas, aprobar cuantiosos recursos o defender un modelo de país; gobernar significa hacer que el dinero público llegue a las obras, a los programas sociales y a las comunidades que lo necesitan.

El reto ya queda en el nuevo gobierno, más allá del balance que deja el gobierno saliente en esta materia.

No deberá limitarse a discutir cómo recaudar más recursos; desde el primer día debe concentrarse en garantizar que cada peso aprobado en el presupuesto se traduzca en obras terminadas, programas ejecutados y soluciones oportunas para los ciudadanos.