El Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por Estados Unidos para quienes proporcionen información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.
La cifra, revelada este jueves por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, duplica la cantidad que se había ofrecido en enero de este mismo año.
En un mensaje difundido a través de la red social Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, describió la propuesta como una “burda operación de propaganda política” y una “patética” maniobra que, a su juicio, busca distraer la atención. Según Gil, se trata de “la cortina de humo más ridícula” que el Gobierno venezolano ha presenciado.
El funcionario aseguró que, mientras Caracas trabaja en el desmantelamiento de lo que considera “tramas terroristas” planificadas desde territorio estadounidense, Washington recurre a lo que denominó un “circo mediático” destinado a “complacer a la ultraderecha derrotada” del país suramericano.
Por su parte, Bondi defendió la decisión y sostuvo que la recompensa tiene carácter “histórico”. La fiscal general estadounidense presentó a Maduro como uno de los “mayores narcotraficantes del mundo” y señaló que su presencia en el poder representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El nuevo anuncio profundiza la tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, cuyas relaciones permanecen sin representación formal desde 2019, cuando ambos gobiernos rompieron vínculos oficiales. Desde entonces, las comunicaciones se han limitado a declaraciones públicas y contactos indirectos a través de terceros países u organismos internacionales.
Washington ha reforzado sus sanciones contra altos funcionarios y entidades venezolanas, alegando vínculos con actividades ilícitas, mientras que Caracas responde con medidas recíprocas y denuncias en foros multilaterales, calificando estas acciones como injerencia en sus asuntos internos.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos ofrece una cuantiosa suma de dinero a cambio de información sobre Maduro o su entorno más cercano. En años anteriores, el Departamento de Justicia ha incluido al mandatario y a varios de sus colaboradores en listas de “más buscados” bajo cargos federales, estableciendo recompensas que, hasta ahora, no habían superado los 25 millones de dólares.
La duplicación de la cifra a 50 millones supone un incremento sin precedentes en este tipo de ofrecimientos y refleja la inclusión del caso dentro de las prioridades de seguridad y política exterior de Washington, en un escenario de disputas que combina aspectos judiciales, diplomáticos y estratégicos.
Este aumento eleva el perfil de la recompensa a nivel internacional y la ubica entre las más altas ofrecidas por Estados Unidos en casos de investigación. La medida se enmarca en un contexto de sanciones, procesos judiciales en curso y acciones coordinadas con aliados internacionales que han marcado la relación bilateral en los últimos años.