La andanada contra los migrantes que ha puesto en marcha Donald Trump durante su segundo mandato parece haber dado un giro, centrándose ahora en el marco legal que permite que personas realicen su proceso de residencia permanente por medio de la tan famosa ‘green card’, el documento que garantiza que una persona es ciudadana de los Estados Unidos.
La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el que queda claro el deseo de reinterpretar una de las normas del llamado Adjustment of Status (Ajuste de Estatus), un mecanismo a través del cuál se le ha permitido durante décadas a millones de migrantes tramitar su residencia permanente sin que para ello haga falta abandonar el país norteamericano a la espera de una decisión.
Esta ley, conocida como la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, funcionó bajo la premisa de que ciertas personas que ya residían legalmente en el país podían completar allí mismo el trámite para obtener la residencia permanente. Esto abarcaba tanto a esposos, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, junto a trabajadores especializados patrocinados por empresas.
Según esta lógica, mientras sus solicitudes de residencia avanzaban, estos podían seguir viviendo en EE.UU., lo que les permitía trabajar, pagar impuestos y mantener cerca de sus familiares.
Según expertos, la medida podría afectar a más de 1,2 millones de personas que tienen, en la actualidad, solicitudes pendientes, lo que ha generado pánico entre comunidades migrantes y no pocas críticas por parte de abogados del sector y miembros mismos del Congreso.
Pese a que la administración de Trump no la ha presentado como un cambio formal de la ley migratoria, los expertos aseguran que, en la práctica, esto modifica uno de los pilares históricos dentro del sistema de inmigración estadounidense.
Bajo esta nueva directriz, los oficiales migratorios tendrán ahora mayor discreción a la hora de determinar si existe realmente una circunstancia “extraordinaria” que justifique que la persona solicitante permanezca en el país, a la espera de su residencia. De no ocurrir de esta manera, se podría ordenar que el trámite se complete desde un consulado estadounidense en el extranjero, lo que supone que la persona solicitante abandone el país.
Esto puede extenderse de meses a años, según cada caso, hasta que se resuelva su situación migratoria, lo que podría traer para dichas familias la obligación de empezar nuevamente, perder sus puestos de trabajos o quedar separados indefinidamente de sus familiares.