La crisis financiera de Ueno Bank terminó trasladándose al escenario político de Paraguay y puso en riesgo la continuidad de Santiago Peña en la Presidencia. Aunque el mandatario anunció que dejaría el cargo, el Congreso decidió seguir adelante con el juicio político que busca establecer su responsabilidad en los hechos relacionados con la entidad bancaria.
El proceso quedó en manos del Senado, que deberá escuchar los señalamientos y la defensa del jefe de Estado antes de tomar una decisión sobre su destitución.
Y es que, después de perder el respaldo de integrantes de su propio partido en el Legislativo, Peña comunicó lo siguiente: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, manifestó el mandatario.
No obstante, su determinación no consiguió detener las actuaciones en el Congreso. La Cámara de Diputados respaldó por unanimidad la apertura de un juicio político en su contra, mientras que los legisladores no lograron completar el cuórum requerido para resolver formalmente su situación frente a la renuncia.
El procedimiento continuó su curso y el Senado asumió la responsabilidad de estudiar los cargos. Por ello, pese al anuncio presidencial, Peña seguía figurando oficialmente como jefe de Estado mientras se definía su futuro institucional.
Señalamientos por sus vínculos con Ueno Holding
Las acusaciones que llegaron al Senado están relacionadas con posibles conflictos de intereses, presunta cooptación del Estado y puertas giratorias. Este último concepto hace referencia a los movimientos de personas entre cargos en instituciones públicas y posiciones dentro de empresas privadas.
Dentro de los cuestionamientos aparece la anterior participación accionaria de Peña en Ueno Holding, un grupo empresarial del que hace parte Ueno Bank. Según la información presentada en el proceso, el presidente se desprendió de sus acciones en marzo de 2025.
Los congresistas también pusieron en discusión la manera en que se desarrolló la supervisión de la entidad financiera, el procedimiento aplicado para su resolución y la ubicación de recursos públicos en el banco. A esto se suman interrogantes sobre las decisiones adoptadas por funcionarios del Banco Central de Paraguay.
En paralelo, el Ministerio Público informó que varios congresistas ampliaron una denuncia presentada contra Peña en octubre de 2025.
El Senado definirá todo
La continuación del juicio político estaba programada para este viernes 6 de noviembre a las 10:00 a. m., hora paraguaya. Durante las sesiones, los representantes encargados de presentar los cargos expondrán sus argumentos y el presidente tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones.
Para aprobar la destitución se necesitan al menos 30 votos de los 45 integrantes del Senado. El resultado de esa votación será determinante para establecer si Peña debe abandonar definitivamente la Presidencia por decisión del Legislativo.
El proceso también estuvo acompañado de cuestionamientos sobre las condiciones en las que el mandatario preparó su defensa. Peña aseguró que recibió el expediente y cerca de 300 páginas de documentos pocas horas antes de la audiencia, por lo que solicitó más tiempo para estudiar las pruebas. Sin embargo, los senadores rechazaron esa petición.
Mientras tanto, la situación generó movilizaciones ciudadanas. Cientos de paraguayos llegaron a las inmediaciones del Congreso para reclamar una respuesta frente a la crisis financiera y exigir la salida del presidente.