Un megaoperativo policial desarrollado este martes en Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho dejó al menos 64 personas muertas y 81 detenidas, según reportaron las autoridades estatales. La operación, considerada la más grande en la historia reciente de la ciudad, movilizó a 2.500 agentes entre Policía Civil y Militar y cumplió con cerca de 100 órdenes de captura.
Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro policías, mientras que varios uniformados y residentes resultaron heridos por impactos de bala en medio de los intensos enfrentamientos ocurridos en los complejos Alemão y Penha, zonas con fuerte presencia de organizaciones narcotraficantes.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, describió la acción como “el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro”. Según explicó, la intervención fue planeada durante más de 60 días y surgió tras una investigación que se extendió por un año.
“Se trata de una operación estatal contra narcoterroristas”, afirmó el mandatario, quien ha mantenido un discurso de mano dura frente al crimen organizado.
De acuerdo con el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense, la jornada es la más mortífera registrada en la región metropolitana de Río desde 1990. En los últimos años, los tres operativos con más víctimas han ocurrido bajo el actual gobierno estatal.
Los investigadores advierten que este tipo de incursiones en favelas densamente pobladas deja un alto costo humano y no ha demostrado eficacia en el control del delito. “Las matanzas policiales son la regla y no la excepción en Río de Janeiro”, concluyó el centro académico en su más reciente informe.
Durante el operativo se incautaron 31 rifles y una cantidad significativa de drogas. Entre los capturados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, presunto cabecilla del Comando Vermelho, así como Nicolas Fernandes Soares, señalado como operador financiero de la organización.
Diversas organizaciones sociales criticaron el accionar de las autoridades, argumentando que los enfrentamientos expusieron a la población civil a un grave riesgo. “No podemos naturalizar una operación que dejó más de 60 muertos. Esto no es seguridad, es una política de exterminio”, declaró Isabelly Damasceno, vocera de la ONG Movimentos.
El Ministerio de Justicia de Brasil, por su parte, aseguró en un comunicado que mantiene su apoyo operativo en Río de Janeiro desde octubre de 2023 y recordó que la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ha atendido once solicitudes de cooperación desde entonces.
Mientras tanto, todos los batallones del estado permanecen en alerta máxima ante posibles represalias del Comando Vermelho, una organización que nació en los años 70 dentro de una prisión de Río y que, con el tiempo, se consolidó como una de las redes de narcotráfico más poderosas de Brasil.