La tensión política en Perú continúa aumentando tras la segunda vuelta presidencial. Juntos por el Perú, partido del candidato izquierdista Roberto Sánchez, inició una colecta pública para financiar los recursos legales con los que busca anular cerca de 1.700 mesas de votación por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso electoral.
La iniciativa surge en medio de una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. Con la totalidad de las actas procesadas por la autoridad electoral, la diferencia entre Sánchez y la candidata conservadora Keiko Fujimori se mantiene en apenas unos miles de votos, por lo que las mesas observadas y los recursos de nulidad podrían resultar determinantes para definir al próximo presidente.
Según los voceros de Juntos por el Perú, las impugnaciones están relacionadas con presuntas inconsistencias detectadas en distintas mesas de sufragio. La colectividad sostiene que necesita recursos económicos para asumir los costos de los procedimientos establecidos por la legislación electoral peruana.
Sin embargo, las solicitudes de nulidad han generado controversia. El Jurado Electoral Especial rechazó varios de los recursos presentados por la organización política debido al incumplimiento de requisitos formales, entre ellos el pago de las tasas exigidas para tramitar las apelaciones. Además, expertos electorales han señalado que varios de los pedidos fueron radicados fuera de los plazos previstos por la normativa vigente.
Mientras tanto, el proceso electoral permanece bajo revisión de las autoridades competentes, La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya finalizó el procesamiento del 100 % de las actas electorales que estaban pendientes de contabilización. No obstante, esto no significa que el escrutinio haya terminado.
De acuerdo con el último reporte oficial, el avance del conteo se ubica en 98,37 %, por lo que el resultado definitivo aún depende de la revisión de votos observados e impugnados, que podrían incidir en el desenlace final.
Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales completó el procesamiento de las actas, el resultado definitivo sigue dependiendo de la resolución de actas observadas y de los recursos que aún están en estudio.
La disputa poselectoral ha elevado la incertidumbre política en Perú y ha dado paso a movilizaciones de simpatizantes de ambos sectores. En paralelo, el estrecho margen entre los candidatos mantiene al país a la espera de una definición oficial sobre quién ocupará la Presidencia para el próximo período.
La medida se produce en medio de una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país, en la que la diferencia entre los principales candidatos se mantiene en márgenes reducidos mientras avanza la revisión de actas y recursos.