La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles, 29 de julio, la captura del expresidente Evo Morales por acusaciones de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con su implicación en los bloqueos de carreteras entre mayo y junio.
La orden de aprehensión fue firmada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y también solicita que Morales sea conducido a la Unidad Policial Especializada de Lucha contra la Corrupción.
Tras el anuncio, Morales emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, donde se defendió de las acusaciones en su contra. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, escribió en X.
Y añadió: “Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico”.
Incluso el exmandatario boliviano calificó el proceso judicial en su contra como “persecución política” y acusó al Gobierno actual de “intentar desviar la atención con un nuevo titular”.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, concluyó Morales en su mensaje.
La orden de captura, emitida por el fiscal Brayan Melgar, también señala al exmandatario por los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación está relacionada con los bloqueos de carreteras que se extendieron durante siete semanas entre mayo y junio de este año. Las protestas, impulsadas por campesinos del departamento de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), contaron con el respaldo de sectores afines a Morales y tenían como principal exigencia la renuncia del presidente Jorge Paz.
Según las autoridades del país, los cierres de las principales vías ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades del país. Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por no recibir atención médica oportuna debido a las interrupciones en las carreteras.
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. En la investigación también fueron vinculados el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación relacionada con estos hechos.