La campaña militar emprendida por Estados Unidos contra presuntas redes de narcotráfico en aguas del Pacífico oriental y el mar Caribe volvió a generar controversia tras un nuevo ataque que dejó dos personas muertas a bordo de una embarcación señalada por las autoridades estadounidenses por participar en actividades ilícitas.
La operación fue confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), que informó que la acción se produjo contra una lancha que, según sus sistemas de inteligencia y vigilancia, seguía rutas frecuentemente utilizadas para el transporte de drogas hacia territorio estadounidense.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el organismo militar aseguró que la embarcación se encontraba involucrada en operaciones de tráfico de estupefacientes en el Pacífico oriental. La publicación estuvo acompañada por un video en blanco y negro en el que se observa una pequeña lancha navegando en alta mar antes de ser alcanzada por una explosión de gran magnitud.
Con este nuevo ataque, la cifra de personas fallecidas durante la campaña militar lanzada por Washington en septiembre de 2025 ascendió a 203, de acuerdo con un recuento elaborado por la agencia AFP. La estrategia ha incluido operaciones tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, regiones consideradas por las autoridades estadounidenses como corredores utilizados por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
El episodio ocurre apenas unos días después de otra acción militar reportada por el Southcom. En esa ocasión, el comando anunció la muerte de tres hombres que también fueron identificados por Estados Unidos como presuntos narcotraficantes durante una operación similar desarrollada en el Pacífico oriental.
Desde el inicio de la campaña, la administración del presidente Donald Trump ha defendido estas acciones como parte de una estrategia para combatir el tráfico internacional de drogas y reducir el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los operativos han sido objeto de cuestionamientos debido a la falta de información pública sobre las pruebas que vincularían a las embarcaciones atacadas con actividades criminales.
Diversos expertos en seguridad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la legalidad de estos procedimientos. Las críticas se han intensificado porque las operaciones suelen ejecutarse sin capturas previas ni procesos judiciales que permitan determinar la responsabilidad de los ocupantes de las embarcaciones interceptadas.
Asimismo, responsables de organismos vinculados a Naciones Unidas han advertido que este tipo de acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si no existe un marco jurídico claro que justifique el uso letal de la fuerza.
Los cuestionamientos también apuntan a la necesidad de garantizar mecanismos de verificación independientes sobre la identidad de las personas fallecidas y la naturaleza de las actividades que realizaban.