El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sumó un nuevo capítulo este 19 de marzo en Estados Unidos, luego de que ambos aseguraran ante un tribunal federal en Nueva York que no cuentan con los recursos necesarios para pagar su defensa legal en el caso por narcotráfico.
A través de sus abogados, los acusados presentaron declaraciones juradas en las que afirman su incapacidad económica para asumir los costos del proceso. En el documento, también manifestaron su disposición a entregar pruebas financieras si el juez así lo solicita, en un intento por sustentar su petición ante la corte.
La defensa, liderada por los abogados Barry Pollack y Mark E. Donnelly, sostiene que las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense afectan directamente el derecho de sus clientes a elegir representación legal. Según el argumento central, las sanciones impiden acceder a recursos que normalmente podrían ser utilizados para cubrir los honorarios.
En ese sentido, los juristas alegan una vulneración a la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de todo acusado a contar con un abogado de su elección. En su escrito, advierten que obligarlos a aceptar defensa pública no constituye una solución válida frente a esta situación.
El punto clave del debate gira en torno a las decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que no ha autorizado el uso de fondos del Estado venezolano para pagar la defensa de Maduro y Flores. Aunque inicialmente se emitieron licencias por error administrativo, estas fueron posteriormente revocadas.
Para la defensa, esta restricción genera una limitación estructural en el proceso judicial. Incluso, uno de los abogados advirtió que, de mantenerse el escenario actual, podría verse obligado a retirarse del caso por falta de financiación.
Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos rechazó de forma contundente estos planteamientos. Los fiscales calificaron la solicitud como “extraordinaria” y subrayaron que las normas vigentes prohíben expresamente el uso de recursos provenientes de entidades sancionadas para cubrir gastos legales de personas igualmente sancionadas.
Además, el ente acusador enfatizó que los implicados sí tienen permitido utilizar fondos personales o conjuntos, pero no dinero vinculado al gobierno venezolano. En ese sentido, consideran que no existe una violación de derechos, sino la aplicación de un marco legal previamente establecido.
La Fiscalía también destacó que no hay precedentes conocidos en los que se haya autorizado a un gobierno sancionado a financiar la defensa de un acusado bajo condiciones similares, lo que refuerza el carácter inédito del argumento presentado por la defensa.
En una posición aún más firme, los fiscales señalaron que, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, Maduro y Flores no serían considerados funcionarios legítimos del Estado venezolano, lo que limitaría cualquier posibilidad de acceder a beneficios asociados a esa condición.