Seis personas murieron y 11 más resultaron heridas la víspera de Año Nuevo en Manabí, provincia del suroeste de Ecuador, durante un ataque armado perpetrado contra un grupo de personas que celebraba fuera de una vivienda, informó la Policía Nacional.
El hecho se registró hacia las 23:00 locales del 31 de diciembre (04:00 GMT del 1 de enero, según las autoridades, sujetos armados llegaron al sitio y abrieron fuego sin piedad contra las personas que estaban reunidas festejando el año nuevo.
Cabe mencionar que se produce apenas tres días después de otra masacre en la que también murieron seis personas, incluida una bebé, lo que evidencia el incremento de la violencia en la zona. Ambas matanzas ocurrieron en el contexto de disputas entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
Según la policía, “producto de un hecho violento, se registran seis personas fallecidas y 11 personas heridas por proyectil de arma de fuego”. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables.
Unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran trabajando en la recolección de evidencia y testimonios de testigos.
Estas matanzas ocurren en el marco de una guerra abierta contra bandas de narcotraficantes, muchas de ellas con conexiones con carteles internacionales, que disputan el control del territorio y han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
La provincia de Manabí, epicentro de los ataques recientes, fue declarada en estado de excepción junto a otras ocho provincias el pasado miércoles, con el objetivo de reforzar la seguridad y frenar la ola de homicidios.
Ecuador cierra 2025 con un nuevo récord de homicidios: entre enero y noviembre, más de 8.300 personas fueron asesinadas, según cifras del Ministerio del Interior, superando las cifras récord de 2023, cuando se registraron 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El Observatorio del Crimen Organizado estima que la tasa de muertes violentas en 2025 alcanzará las 52 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto en la historia reciente del país.
El aumento de la violencia ha generado preocupación entre las comunidades locales y organizaciones de derechos humanos, que reclaman medidas efectivas para proteger a los civiles y reducir la presencia de grupos armados en zonas vulnerables.
Las autoridades han anunciado patrullajes más intensivos, operativos coordinados y vigilancia especial en los municipios más afectados, pero la población sigue viviendo con temor ante posibles nuevos ataques.