El juez federal Timothy Kelly ha confirmado de forma provisional el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico que el presidente Donald Trump había vetado, en una decisión que refuerza las protecciones constitucionales contra represalias por motivos de opinión informativa.
La resolución, dictada mientras el tribunal prepara una sentencia definitiva sobre la demanda presentada por los medios, restituye el pase a los 78 reporteros afectados y mantiene vigente una medida cautelar que impide, por ahora, que la Casa Blanca excluya a esas redacciones del complejo presidencial por razones que el juez considera vinculadas a la crítica informativa.
Esta disputa se remonta a decisiones del presidente y de su equipo que, según los demandantes, respondieron a la insatisfacción de la Casa Blanca con la cobertura de esos medios.
En su escrito, Kelly nombrado por el propio Trump en 2017 concluye que las declaraciones públicas del presidente y las acciones administrativas posteriores muestran que la exclusión se basó en la percepción de que la cobertura era “sesgada e inexacta”, y no en motivos de seguridad nacional, argumento que el Gobierno presentó ante el tribunal para justificar las restricciones.
Para el magistrado, esa motivación constituye una discriminación por puntos de vista que probablemente viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La decisión no resuelve todos los puntos en litigio. Asimismo, esta medida cautelar garantiza el acceso al recinto de la Casa Blanca, pero no obliga a los asesores presidenciales a incluir automáticamente a los periodistas de esas cabeceras en los grupos de cobertura que acompañan al presidente en espacios reducidos o en desplazamientos concretos.
De hecho, en septiembre pasado se registró un episodio en el que periodistas de CNN fueron impedidos de subir al Air Force One para cubrir un viaje oficial a Tennessee, un ejemplo de las limitaciones prácticas que siguen vigentes pese a la orden judicial.
El fallo de Kelly, por tanto, asegura una puerta de entrada al complejo presidencial, pero deja abiertas preguntas sobre el alcance real del acceso en situaciones móviles o en actos con cupo limitado.
Los demandantes sostienen que permitir que el Ejecutivo excluya medios por su línea editorial o por críticas a la gestión presidencial crea un precedente peligroso que erosiona la transparencia y el derecho del público a ser informado.
Por su parte, el Gobierno ha defendido su autoridad para regular el acceso por razones de seguridad y logística, y ha intentado justificar algunas exclusiones en esos términos ante los tribunales. El tribunal de apelaciones podría revisar la medida cautelar, y la batalla legal continuará hasta que se emita una sentencia definitiva.