En el estado de Washington, en Estados Unidos, existe una norma que contempla sanciones para las personas que, estando enfermas, se exponen en espacios públicos sin adoptar medidas para evitar el contagio a otros.
La disposición está contenida en el código revisado de Washington, que es el documento oficial de las leyes estatales permanentes vigentes en ese territorio, organizadas por temas y aprobadas por la legislatura estatal con la firma del gobernador.
De acuerdo con el artículo 70.54.050 de este código: “Toda persona que se exponga voluntariamente a otra persona, o a cualquier animal afectado por alguna enfermedad contagiosa o infecciosa, en cualquier lugar público o vía pública, excepto cuando sea necesario su traslado de una manera que no sea peligrosa para la salud pública; y toda persona afectada que exponga a otra persona a ello sin su conocimiento, será culpable de un delito menor”.
Además, el mismo código precisa: “Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa, salvo que se trate de un traslado necesario hecho sin poner en riesgo a la población. También comete un delito menor la persona que tiene la enfermedad y expone a otros sin que estos lo sepan”.
Esto significa que cualquier persona que sepa que padece una enfermedad infecciosa y aun así se exponga en lugares públicos, poniendo en riesgo a otros, podría ser sancionada. La norma no se limita a escenarios multitudinarios, sino que también podría aplicar en situaciones con pocas personas, e incluso en el ámbito privado, como invitar a alguien a su casa sin advertirle del riesgo de contagio.
La ley no fija una pena específica para esta conducta, por lo que entra a regirse por las reglas generales del sistema penal estatal. Según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, quien sea condenado puede enfrentar una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares.
Aunque esos son los máximos contemplados, este tipo de sanciones no suele aplicarse de forma masiva y se reserva para casos puntuales relacionados con enfermedades de mayor gravedad o cuando se demuestra que hubo omisión deliberada de informar a otras personas sobre el riesgo de contagio.
Esta iniciativa existe desde 1909 y volvió a ser objeto de comentarios durante la pandemia de COVID-19, cuando algunos la relacionaron con los casos de contagio deliberado de enfermedades.