La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal, en el marco de las investigaciones por el escándalo financiero de Ueno Bank, una entidad cuya crisis provocó una investigación sobre el manejo de recursos públicos, las operaciones crediticias y los mecanismos de supervisión bancaria del país.
La nueva imputación también alcanza a cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP): Carlos Carvallo, expresidente de la institución; Holger Insfrán, exsuperintendente de Bancos; y los exintegrantes del directorio Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
El Ministerio Público sostiene que los seis investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal. Según la hipótesis de los fiscales, el propósito habría sido favorecer los intereses particulares del Grupo Vázquez y de Ueno Bank mediante la utilización de cargos políticos y regulatorios.
La investigación atribuye a Peña un supuesto papel de liderazgo dentro de esa estructura. La Fiscalía lo señala como presunto jefe de la organización y sostiene que, durante su administración presidencial, habría intervenido en la ubicación y permanencia de funcionarios en puestos estratégicos del organismo encargado de regular y supervisar el sistema financiero.
Entre los nombres mencionados figura Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno antes de asumir la dirección del Banco Central. También aparece Holger Insfrán, quien estuvo al frente de la Superintendencia de Bancos, además de González, Caballero y Mora, integrantes del directorio de la autoridad monetaria.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Ueno Bank?
Según el planteamiento del Ministerio Público, la presunta estructura habría buscado subordinar las decisiones de los organismos de control a los intereses empresariales del Grupo Vázquez. La investigación examina posibles actuaciones coordinadas para evitar medidas de supervisión e intervención sobre Ueno Bank, así como el tratamiento de las advertencias relacionadas con la situación financiera de la entidad.
Entre los elementos señalados por los investigadores se encuentran supuestas reuniones entre Peña y Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. La Fiscalía sostiene que esos encuentros habrían servido para coordinar asuntos relacionados con las necesidades del grupo empresarial.
Asimismo, la hipótesis fiscal incluye presuntas directrices para evitar la intervención de la entidad financiera y actuaciones que habrían frenado las advertencias públicas sobre sus condiciones de solvencia. Estas afirmaciones hacen parte de la investigación y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
La causa tiene como antecedente una investigación más amplia sobre las operaciones de Ueno Bank, especialmente por la recepción de depósitos y recursos de entidades públicas y previsionales, así como por los créditos concedidos a empresas relacionadas con el conglomerado empresarial.
El propio Ministerio Público había informado anteriormente sobre otra imputación contra Peña y Carvallo, formulada el 7 de noviembre de 2026, por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, entre otros hechos investigados.