En Brasil, la Fiscalía de São Paulo presentó un recurso de acusación contra cuatro personas que son señaladas de participar en la muerte de una joven que perdió la vida tras ser lanzada al vacío sin elementos de seguridad durante una actividad de puentismo.

Según lo afirmado por el ente acusador, tres hombres presuntamente cometieron homicidio con dolo eventual, con los agravantes de motivo torpe y del uso de mecanismos que bloquearon a la víctima hacer uso de algún método de defensa.

Mientras que la cuarta persona implicada, presunta organizadora del evento, es acusada por el mismo delito bajo la figura de omisión impropia, porque al parecer incumplió su deber de garantizar la seguridad de las personas que participaban. Además, tiene otro cargo por fraude procesal porque supuestamente intentó borrar elementos probatorios para la investigación judicial.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 13 de junio del 2026 en la Ponte do Esqueleto, una ruta en el estado de São Paulo que es conocida por actividades de senderismo y turismo de aventura. La víctima, cuyo nombre era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, fue lanzada al vacío por unos instructores sin tener a la mano algún sistema de aseguramiento.

Las investigaciones de la Fiscalía han apuntado a que el grupo de trabajadores operaba sin una estructura formal para la gestión de riesgos porque, al parecer, se ignoraban los protocolos básicos de seguridad en eventos a los que asistían hasta 100 personas en cada edición.

La víctima, de acuerdo con la acusación, participó en una maniobra conocida localmente como ‘avioncito’, en la que los operadores hacen una elevación de la persona participante previo a que lo arrojen al vacío. En ese sentido, los investigadores aseguran que los imputados hicieron el lanzamiento cuando la cuerda de seguridad no estaba conectada al arnés de pecho de la mujer.

Tras caer por cerca de 30 metros, la mujer perdió la vida por politraumatismo. Aunque los presuntos responsables conocían los riesgos letales de la actividad, omitieron deliberadamente la doble verificación del equipo y otros procedimientos de seguridad.

Además, se acusa a la organizadora de permitir que estas actividades se hicieran porque previamente tuvo conocimiento de un hecho similar que sucedió un tiempo atrás.

El ente investigador también destacó que, posterior al accidente, la cámara corporal que utilizaba la víctima fue localizada para eliminar todo el material almacenado, con el fin de evitar responsabilidades en los involucrados. El dispositivo continúa desaparecido.

Así las cosas, a los tres instructores se les ordenó una medida de prisión preventiva, mientras que a la organizadora se pidió que su detención sea modificada de temporal a preventiva.