El empresario y excandidato presidencial colombiano Santiago Botero enfrenta un nuevo escenario judicial en Estados Unidos. El pasado 8 de julio fue presentada una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se le atribuye una presunta participación en un esquema que habría ocasionado pérdidas superiores a 100 millones de dólares a inversionistas estadounidenses.
La acción fue interpuesta por Christofferson Robb & Company (CRC), firma administradora de fondos con sede en Nueva York, y está relacionada con las operaciones de Finsocial S.A.S., fintech colombiana fundada por Botero que ofrecía créditos a pensionados, profesores del sector público y familias de bajos ingresos.
Según el documento judicial, CRC adquirió el 100 % de Finsocial en julio de 2021 por cerca de 36 millones de dólares. La empresa habría sido presentada como un negocio sólido, con una amplia cartera de créditos y activos suficientes para respaldar sus obligaciones.
Sin embargo, los demandantes aseguran que posteriormente descubrieron inconsistencias importantes en la información financiera suministrada durante la negociación. Una auditoría realizada en 2024 habría identificado una diferencia cercana a los 95 millones de dólares entre el valor real de los activos y pasivos y las cifras que habían sido presentadas.
Uno de los aspectos señalados tiene que ver con la cartera de préstamos. De acuerdo con la demanda, algunos créditos reportados como vigentes eran inexistentes o ya habían sido cancelados. Además, la morosidad real habría llegado al 28 % al cierre de 2021, mientras que los documentos entregados a los compradores mostraban porcentajes de apenas 1 % o 2 %.
El caso también involucra un préstamo adicional de 19 millones de dólares otorgado por CRC poco antes de finalizar la compra. Los demandantes sostienen que esos recursos, destinados a financiar nuevos créditos, habrían sido desviados hacia Botero y empresas relacionadas.
La demanda afirma, además, que entre enero de 2021 y agosto de 2024 salieron más de 54 millones de dólares de Finsocial hacia una red de más de 40 compañías vinculadas al empresario. En esas operaciones estarían incluidos pagos a familiares, socios y empresas de diferentes sectores.
El expediente también menciona al entonces director financiero de Finsocial, Juan Manuel Puerto, quien presuntamente reconoció irregularidades en los registros contables antes de dejar su cargo.
CRC reclama al menos 150 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos, además de intereses y gastos legales. Entre los inversionistas afectados figura el sistema público de pensiones de Utah, que habría participado en los créditos mediante fondos administrados por CRC.
Cabe señalar que las afirmaciones hacen parte de una demanda y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.