En una nueva ofensiva contra las estructuras transnacionales del narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas contra el Narcotráfico, ha formalizado una oferta de hasta 10 millones de dólares por información que facilite la captura de los hermanos Alfonso y René Arzate García.
Ambos son identificados por las agencias de inteligencia como figuras de alto mando dentro de una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa, operando principalmente en la zona fronteriza de Baja California.
La medida, coordinada por el Departamento de Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA), sitúa a los hermanos Arzate García en el nivel más alto de objetivos prioritarios.
Según las autoridades estadounidenses, “Aquiles” y “La Rana”, apodos con los que se les conoce en el mundo criminal, son responsables de coordinar el flujo masivo de drogas sintéticas, específicamente fentanilo, hacia el estado de California, exacerbando la crisis de salud pública por sobredosis que afecta a la nación norteamericana.
El papel estratégico de los hermanos Arzate
De acuerdo con las acusaciones presentadas en cortes federales de Estados Unidos, los hermanos no solo gestionan la logística del tráfico de drogas, sino que también encabezan el brazo armado de su facción, encargándose de la seguridad de las rutas y de ejercer control territorial mediante tácticas de extrema violencia.
Ambos están acusados de controlar desde hace 15 años el narcotráfico en la fronteriza ciudad de Tijuana. “A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Su capacidad operativa les ha permitido mantenerse en la cúpula del cártel a pesar de las fragmentaciones internas que ha sufrido la organización tras la captura de otros líderes históricos.
René Arzate García, alias “La Rana”, y su hermano Alfonso, “Aquiles”, fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014, y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro.
El Departamento de Justicia anunció en un comunicado paralelo una actualización de los cargos de 2014, con las nuevas acusaciones por “narcoterrorismo” y “apoyo material terrorista” con el objeto de hacer entrar “cantidades masivas” de drogas en Estados Unidos.
El anuncio de la recompensa de 10 millones de dólares (repartidos en 5 millones por cada uno) busca romper el anillo de protección que rodea a estos capos.